[OPINIÓN] Daniel Robles Ibazeta: “Régimen laboral especial salvaría nuestra acuicultura”

El Perú ocupa el quinto puesto entre los países productores de especies acuícolas en América Latina y El Caribe; sin embargo, el 86% de su actividad es informal, según data de Produce. Esto eleva los costos de producción y la inseguridad física y financiera de la actividad. Por ello, las inversiones fugan a países como Ecuador y Chile que pese a contar con menos recursos tienen una industria fortalecida. En el Perú se requiere brindar estabilidad jurídica a esta actividad, cuyo potencial ameritaría un régimen laboral especial y una norma constitucional que sustente su promoción.

Este año, el Fenómeno de El Niño golpeó particularmente la actividad acuícola, cuya producción es estacional y depende de ciertas condiciones climáticas. Ante esto, el Gobierno ha focalizado la ayuda económica y beneficios en la pequeña empresa y en la actividad artesanal; pero se olvida de fortalecer a la mediana y gran empresa que cuenta con la capacidad técnica que permite las exportaciones, que se alinea a la normativa ambiental y que genera empleo formal.

Si bien en 2022 la acuicultura en el Perú generó 120 mil empleos, los empleos directos formales se concentran en la mediana y gran empresa, cuyo aporte en conjunto fue de tan solo 6,473 puestos de trabajo. Esto nos lleva a poner sobre la mesa la propuesta del retorno a un régimen laboral especial que se tuvo antes de la derogación de la Ley N.° 27360, Ley de Promoción Agraria, cuyos beneficios tributarios y laborales aplicaban también a la acuicultura.

Es importante señalar que, a diferencia del régimen laboral especial que se tuvo en ese momento, se deberían de plantear objetivos concretos, metas y cronogramas que establezcan un inicio y fin de la norma, lo cual garantizaría que una vez que la industria despegue, se pueda migrar nuevamente a un régimen general que restablezca todos los beneficios laborales de los trabajadores acuícolas y deje a las empresas con una amplia base de trabajadores formalizados.

El objetivo de esta propuesta es, pues aumentar la empleabilidad aminorando los costos de contratación para las empresas, pero sin contravenir los derechos de los trabajadores que actualmente laboran formalmente. Los principales beneficiados serían los trabajadores acuícolas que actualmente se encuentran en ese 86% del sector informal.

La acuicultura es de interés nacional porque es la pesca del futuro. Es buena para el país y debe contar con todas las herramientas para competir hacia afuera, una de esas herramientas puede ser el régimen laboral acuícola, que cuente con su propia norma en la Constitución, como lo tienen la microempresa y el agro.

*Abogado laboralista y socio de Robles Ibazeta Consultores.