[Opinión] Gabriel Ortíz de Zevallos: Asamblea deconstruyente

Creo que todos estaríamos de acuerdo en que esta segunda vuelta es la peor que hemos vivido, por agresiva y precaria. No hicimos mucho por resolver las carencias de nuestro sistema de representación política y de gestión pública y la pandemia hizo el resto. Quien no haya llegado a la conclusión de que el país es demasiado desigual para ser sostenible políticamente y que decidimos políticas públicas de manera impulsiva y arbitraria, por lo que la mayoría de las veces solo postergamos problemas, debería reflexionar.

Ya he escrito que me parece perjudicial enfrascar al país en una Asamblea Constituyente porque congela la inversión privada y los empleos que millones de peruanos necesitan para tener un mejor futuro después de la pandemia. Ese empleo debería ser formal, con seguro y opción de descanso médico: solo lo ofrece la inversión privada formal. Solo el anuncio de ese tipo de políticas ya ha impactado en las expectativas para invertir de manera muy negativa.

No están en la Constitución los problemas que las encuestas recogen como sustento para ello. La idea extraña de incluir en la Constitución que la corrupción sea delito de lesa humanidad era una respuesta a esa encuesta. Pero para eso está el Código Penal, Procesal Penal y el funcionamiento autónomo de procuradores, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si la casa se inunda, no sirve cambiar los plomos.

Embarcarse en asambleas constituyentes también ha sido el modo usado para concentrar poder y buscar reelecciones ilegítimas en muchos países. Muchos líderes han aprovechado su popularidad inicial y los recursos del Estado para embarcar a sus países en ese carril, con costos no solo económicos sino institucionales. Los hay de derecha e izquierda. Camino innecesario y peligroso, en términos democráticos y económicos. Todo cambio a la Constitución se puede discutir abiertamente, pero ganamos claridad y evitamos contrabandos si se especifica el tema, los argumentos y la experiencia comparada. Las vías constitucionales para reformar la Constitución no permiten recoger firmas para plantear referéndums, eso lo dice la Ley de Participación Ciudadana, no la Constitución (art. 206), y ninguna ley puede contradecir lo que claramente establece ese artículo de la Constitución, sugiero leerlo.

Si gana Castillo, la Asamblea Constituyente y lo que pueda implicar siguiendo los ejemplos de Bolivia y Ecuador, mencionando solo países que Castillo (y Cerrón) admiran, es un grave riesgo institucional. Muchos temen, con razones basadas en su trayectoria, que Keiko quiera también interferir y concentrar poder, pero hay elecciones cruciales para sus aliados en 2022, no van a cargar con karmas ajenos. Sí existe un riesgo como el de Chile y Colombia, como me hizo ver Martín Tanaka esta semana: la desconexión con la realidad de esos ciudadanos que el Estado no atiende y la convulsión que genera esa olla de presión. Ojalá sepamos elegir y vigilar.