[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “La oscuridad sin rumbo de Sendero Luminoso y sus simpatizantes”

Abimael y la cúpula de Sendero Luminoso se sintieron con derecho a causar la muerte de los peruanos más pobres para alimentar sus teorías y egos, ordenando cualquier bestialidad para generar terror: hachazos, niños bomba, etc. Pero bastó un solo tiro al aire para su captura: así le temía a la violencia Abimael Guzmán cuando su vida estaba en juego. Tampoco dudó en negociar con Montesinos. El Estado cometió casos muy graves de violación de derechos humanos, documentados, en su lucha contra el terrorismo. Eso es injustificable, pero no cambia quién inició el problema y es responsable del proceso como conjunto. Esa noción se ha perdido y se tiene que divulgar, con pruebas, que sobran. Difícilmente lo va a hacer el Estado, como correspondería.

Al Perú le sobran problemas y hay, sin duda, mucha injusticia. Eso no se resuelve con revoluciones sangrientas promovidas por egos desmesurados, ni con políticas que han demostrado de sobra traer más pobreza. Para lograr que sean efectivos los derechos que la Constitución y las leyes ya reconocen, los peruanos necesitan chamba formal y un Estado que funcione. Eso requiere cuatro o cinco veces más inversión privada formal de la que hay hoy y reforma del Estado con gente proba y que se merece el cargo por su trayectoria y no por sus contactos políticos. Lo difícil no es saber qué hacer, es conseguir consensos informados de suficientes actores. Eso, en el debate político peruano, es pedirle peras (en lata) al olmo.

Tenemos una atracción suicida para dividirnos todo cuanto sea posible y disociarnos de los riesgos reales que enfrentamos, para enfrascarnos en debates poco sensatos y pragmáticos. No entendemos que, para bien y para mal, miles de problemas concretos nos unen, por lo que tirar lo avanzado es de una irresponsabilidad brutal. Y nos enfrascamos en discusiones como si el precipicio que rodeamos no existiera.

En esta predisposición adolescente a la mechadera, creo que el proyecto de ley aprobado sobre la cuestión de confianza es un avance, aunque sea parcial y debatible. No tengo la paciencia infinita necesaria para ser abogado, pero entiendo lo suficiente para que no me floreen. La sustentación de la congresista Echaíz me parece sensata. Lo objetará el Ejecutivo, insistirá el Congreso y el Tribunal Constitucional terminará de definir esta historia, pero tiene vigencia desde que se promulga hasta que el TC se pronuncie definitivamente.

La apuesta por una Asamblea Constituyente, riesgo económico e institucional muy grave, sigue avanzando, incluyendo una recolección de firmas para una vía “no congresal”. La posibilidad de que el gobierno quiera hacer cuestión de confianza sobre ello y forzar una disolución del Congreso para gobernar por decreto cuatro meses existe y debe tener freno, por el bien del Perú.