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[OPINIÓN] Jessica Luna: El peor regalo de Navidad: inseguridad
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Por Jessica Luna
La inseguridad ciudadana es una grave problemática que viene afectando a la población y a la actividad económica. Según datos del INEI, en los últimos años, la percepción de inseguridad de la ciudadanía ha estado por encima del 80%. La escalada de violencia, delincuencia y mafias organizadas se ha convertido en un problema serio para el país, el cual se le ha escapado de las manos al Estado.
Y digo al Estado, porque la inseguridad ciudadana no solo es responsabilidad del Ejecutivo, sino sobre todo del Poder Judicial y la Fiscalía. Y ahí hay un serio problema. Lo que hace la Policía es insuficiente y, encima de eso, cuando se capturan delincuentes, la Fiscalía los deja libres.
En diciembre, este flagelo se ha acentuado. Hoy empresarios de la grande, mediana y pequeña empresa están a merced de las mafias y las extorsiones. La campaña navideña está golpeada por la amenaza que sufren los emprendedores de los principales centros comerciales o transportistas que están impedidos de trabajar o deben pagar cupos para hacerlo. Hasta hoy no se condena a los responsables del asesinato de trabajadores en Pataz, La Libertad, en la mina Poderosa, ocurrido a inicios del mes de diciembre.
Según la última encuesta de Datum, 56% de los peruanos cree que la delincuencia crecerá en 2024 y es una de sus principales preocupaciones. Ese es el “regalo de Navidad” que nos deja este año.
Para muestra de la desidia, un ejemplo. El proyecto de mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y la violencia en el Perú del Mininter con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, enfocado en 103 distritos de mayor violencia, que busca mejorar la inteligencia y efectividad policial, así como prevención comunitaria, solo ha ejecutado 54% del presupuesto asignado para 2023. Hace casi una década, el BID estimaba que la criminalidad le cuesta al país 3% del PBI. Hoy seguramente esa cifra es mucho mayor.
Urge fortalecer la estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana, dotar a la Policía de recursos y potenciar la unidad de inteligencia. Y sobre todo un trabajo articulado con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas. La ley está para cuidar y favorecer al ciudadano, no a quien delinque.
El Estado debe cumplir su obligación constitucional de garantizar la seguridad de la población. Basta ya de vivir atemorizados de ser víctimas de la delincuencia, extorsión o violencia.
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