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[OPINIÓN] Jessica Luna: Reactivación económica: ¿disparándose a los pies?
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En noviembre de 2023, la economía creció 0.3%, el primer resultado positivo en seis meses. Así, en el periodo de enero a noviembre de 2023, la economía peruana acumula una caída de 0.57%. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habla ya de un giro hacia la recuperación económica y el BCRP pronostica un crecimiento de entre 2% y 3% para 2024.
Sin embargo, el propio gobierno se dispara a los pies generando riesgos para la reactivación económica. Aquí unos ejemplos.
El primero, la actualización del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Un ajuste del ISC afectaría los ingresos de las bodegas, en su mayoría mypes, al reducirse la venta de ciertos productos, como las cervezas. En 2022 las mypes dedicadas al comercio ascendieron a 2.2 millones en el ámbito nacional, según cifras de la ENAHO. La caída de ingresos de las familias que dependen de estos negocios, sin duda, afectaría la reactivación económica y sus bolsillos. No es el momento. Y, al subir los precios de bebidas alcohólicas formales, se incentivaría el consumo de bebidas ilegales. Una alternativa sería establecer topes máximos en línea con el rango meta de inflación (entre 1% y 3%), lo que reduciría, además, el impacto inflacionario.
El segundo ejemplo es la posibilidad de un aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) o salario mínimo, que solo limitaría el empleo formal, incluso perjudicando a aquellos que se pretende beneficiar. Nuevamente, el discurso populista parece primar sobre lo técnico. Son 6.1 millones de mypes registradas a 2022, las cuales tienen una tasa de informalidad del 86.7%. Un aumento de la RMV solo “beneficiaría” a los trabajadores del 13.3% de las mypes, dejando fuera a la mayoría, que seguirá trabajando en la informalidad y tendrá la valla aún más alta para formalizarse.
El tercero es el sector pesquero, que atravesó el año pasado su peor periodo en los últimos 25 años. A pesar de su importancia económica y social, parece no ser prioridad. Hoy Produce-Conas, con una interpretación antojadiza sobre criterios sancionadores, está poniendo en jaque al sector. Así, por ejemplo, la reincidencia se está aplicando independientemente de la embarcación o planta o incluso cuando las resoluciones no han quedado firmes administrativa o judicialmente. Esto representa un atentado contra la seguridad jurídica.
Por último, está Petroperú. Se sigue premiando la ineficiencia, financiando una aventura empresarial con el dinero de todos los contribuyentes. Este tipo de mensajes solo genera mayor desconfianza.
Pasemos del discurso a la acción. No se disparen a los pies.
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