[Opinión] Joaquín Rey: La naturaleza del conflicto

En la última semana del año tuvimos una buena noticia que pasó desapercibida por el ruido de las fiestas. Luego de una jornada de negociación con las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la región Cusco, el último jueves se levantó el paro indefinido que había detenido las operaciones de la minera MMG Las Bambas.

Entre los compromisos del Ejecutivo destaca la designación de una partida presupuestal para el saneamiento físico-legal del corredor minero, y otra para su posterior asfaltado. Por su parte, la comunidad se comprometió a levantar el bloqueo de vías que tenía paralizada a la unidad minera que produce el 14% del cobre del país, genera el 1% del PBI peruano, y el 75% del PBI de la región Apurímac. Dada la magnitud de esta operación, cada día de paralización significaba una pérdida de ingresos de casi diez millones de dólares.

Los demás puntos de acuerdo alcanzados en la jornada de negociación tienen que ver con alternativas para incluir a las comunidades en la cadena de producción de la minera en tareas tales como el mantenimiento de vías y caminos, el transporte de carga y pasajeros y el alquiler de vehículos. Los detalles de este involucramiento serán definidos en reuniones pactadas para el 18 y 19 de este mes.

Algo que merece ser destacado de este conflicto y de este acuerdo en particular es la naturaleza de lo que está siendo negociado. En el área de influencia del Corredor Minero del Sur nadie está discutiendo la conveniencia de hacer minería. Ninguna comunidad busca el cierre definitivo de la operación o la prohibición de la actividad extractiva en la zona. Lo que está en discusión es cómo incluir a las comunidades en la cadena de valor, de modo que perciban los beneficios de la operación más directamente.

Este es un mensaje muy potente para quienes desde el propio oficialismo muestran una oposición militante a cualquier tipo de actividad minera. A diferencia de ellos, quienes están realmente cerca de las operaciones no conciben una estrategia de desarrollo que excluya a la minería. Un escenario de esa naturaleza, por ejemplo, privaría del 50% de su presupuesto a la región Apurímac. Es decir, de recursos indispensables para el cierre de brechas en servicios básicos como saneamiento, salud, educación y vialidad.

Espero que este hito sea un presagio de una mejor gestión de la conflictividad para el año que acabamos de iniciar, y sea también una invitación a la reflexión entre quienes muestran una posición irracional a las actividades extractivas, pero al mismo tiempo demandan servicios públicos que no podrían ser financiados sin estas.

Perú está en la cola regional en lo que respecta al retorno a la presencialidad escolar, incluso por detrás de Venezuela. Por si esto fuera poco, ahora que nos encontramos a menos de tres meses del regreso anunciado para marzo, notamos una profunda desorganización en el Ejecutivo. Esta semana la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu indicó que la pauta para un retorno de cuatro horas diarias había sido dada por el Minsa, algo que el titular de este sector negó. De otro lado, en un evento en Chota, el presidente Castillo indicó que el gobierno estaba trabajando para el retorno a clase en abril, cuando su propio ministro lo ha anunciado para marzo. ¿En qué quedamos?

Si las cosas siguen así, pareciera ser que las clases empezarán tarde, mal y nunca. Esto debe sublevarnos a todos. Nuestros menores no pueden seguir pagando la factura de la desidia de nuestra clase política.