[OPINIÓN] Joaquín Rey: La presión viene de fuera

Esta semana, diversas instancias internacionales han prestado inusual atención al Perú con motivo de la muy probable inhabilitación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que se podría concretar en la sesión del Pleno del Congreso convocada para el jueves próximo.

Así, esta semana una delegación de nueve congresistas norteamericanos visitó a la presidenta Dina Boularte y al presidente del Congreso, Alejandro Soto, entre otros funcionarios de alto nivel. Las reuniones se iniciaron justo un día después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara la votación para la inhabilitación de los miembros de la JNJ.

En paralelo, Antonio de la Haza, presidente de la JNJ, recibió el jueves a Richard Nephew, coordinador global anticorrupción del Departamento de Estado norteamericano. El mismo día, De la Haza y otros miembros de la Junta recibieron la visita de Oscar Hendrick, asesor senior del director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.

Esta repentina presión internacional no debería sorprender, debido a lo arbitraria y desproporcional que resultaría la inhabilitación de los miembros del órgano a cargo del nombramiento de jueces y fiscales. Está claro que la JNJ está lejos de ser perfecta, y el reciente caso que compromete al renunciante miembro Henry Ávila en un presunto intercambio de favores con una empresa china no hace más que probarlo. Pero de ningún modo esto justifica una repentina inhabilitación de todos sus miembros, una medida que sería a todas luces desmedida y que solo contribuiría a fortalecer la impresión —también desproporcionada— de que vivimos en una “dictadura congresal”.

A este embate contra la JNJ se suman dos preocupantes proyectos de ley que persiguen objetivos similares, y que curiosamente provienen de extremos opuestos del espectro político. Se trata de iniciativas de “reorganización” del Ministerio Público, que buscan la suspensión del fiscal de la Nación y de toda la Junta de Fiscales Supremos. El primero fue una iniciativa de Renovación Popular —aún no presentada formalmente— y el segundo un proyecto de ley de Perú Libre presentado el miércoles último.

Pensar que la solución a los enormes problemas del Ministerio Público es destituir a todos los fiscales supremos vía ley es una clara violación al principio de equilibrio de poderes y nos regresaría a las peores prácticas autoritarias de los años noventa. El remedio podría ser peor que la enfermedad.

Pareciera que tanto Dina Boluarte como Alberto Otárola hubieran prestado oídos a estas presiones de afuera, pues difícilmente resulta una coincidencia que ambos hayan hecho similares invocaciones al Congreso. Así, Boluarte hizo el miércoles un llamado al Legislativo para “equilibrar los poderes”, y Otárola dijo el jueves que “en lugar de buscar una intervención (del Ministerio Público), el Congreso debería agendar temas de suma importancia, como el de la reforma política”.

Ojalá los congresistas también aquilaten los efectos que una destitución de todos los miembros de la JNJ tendría sobre la fortaleza de nuestra de democracia pues, de seguir en este camino, no deberían sorprendernos resultados como el revelado por el Índice de Democracia 2024, presentado hace dos semanas por The Economist. En él, el Perú ha caído dos posiciones, del puesto 75 al 77, y, por segundo año consecutivo, entra en la categoría de “régimen híbrido”, es decir, un sistema que se ubica entre la democracia y el autoritarismo.

Esta semana, la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) anunció que en adelante quedarán prohibidos los programas de pregrado en modalidad 100% virtual. Esta es una medida ciertamente razonable, pues no se trata de diplomados o especializaciones, sino de carreras conducentes a un título profesional. Exigir algún nivel de presencialidad parece sensato.

Lo que no resulta sensato es que la medida sea aplicada de golpe y sin un periodo de adecuación, pues se afectan drásticamente los planes de miles de estudiantes peruanos que a la fecha cursan estudios online, muchos de ellos por vivir en zonas alejadas de sus universidades o por razones domésticas que dificultan su asistencia física a las clases. Lo correcto habría sido dar un periodo de adaptación gradual y así reducir el impacto negativo para tantos estudiantes y sus familias.