[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Matar la democracia de a pocos”

Esta semana, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que no ha recibido suficiente atención, pero cuyas consecuencias son trascendentales. El último jueves, resolvió de manera favorable para el Congreso una serie de demandas competenciales que habían sido presentadas por el propio Legislativo. Concretamente, el Parlamento buscaba anular las acciones de amparo otorgadas por el Poder Judicial que impedían el proceso de designación del defensor del Pueblo, así como la aplicación de la ley que reforma el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación.

Pero lo realmente preocupante tiene que ver con una exhortación que hace el propio tribunal al Congreso: la de hacer una modificación constitucional para incorporar a los organismos electorales (Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec) al artículo 99 de la Carta Magna. Este artículo es el que lista a los actores que pueden ser acusados por el Congreso por infracciones constitucionales.

Este último punto resulta muy preocupante, pues abre la posibilidad de que las autoridades electorales sean sometidas a persecución política y, por tanto, amenaza potencialmente la integridad de los procesos electorales. Ya en 2021 vimos cómo ciertos actores políticos –muchos de ellos congresistas– emprendieron una feroz campaña contra los jefes del JNE y la ONPE por un supuesto fraude que nunca se probó. Imaginemos ahora qué podría suceder si estos mismos actores tuvieran la posibilidad de denunciar constitucionalmente a los titulares de las referidas instituciones. Un camino muy peligroso.

Por si fuera poco, el fallo del TC, además, dispone hacer de conocimiento de la Junta Nacional de Justicia estas resoluciones para que “proceda conforme a sus atribuciones sobre el comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República”. En simple, invoca a la JNJ a sancionar a los jueces que ejerzan un control de constitucionalidad sobre los actos de otro poder del Estado. Esto es un claro atentado contra la separación de poderes y el contrapeso que es parte fundamental de nuestro sistema democrático.

Con este tipo de medidas, el máximo intérprete de la Constitución sigue minando nuestra institucionalidad y debilitando gradualmente nuestra democracia. Si estamos dispuestos a aceptar esto, no debería sorprendernos que la revista The Economist haya excluido al Perú de la lista de países considerados como una plena democracia, y nos haya calificado como un “régimen híbrido”.

Hoy en día las democracias ya no necesariamente mueren con golpes repentinos, tomas de poder o tanques, sino con la suma de pequeñas acciones como las que viene produciendo el Tribunal Constitucional. No lo permitamos.

Con el fallo del TC relativo a la Sunedu, se agota la última esperanza que permanecía para salvar la reforma universitaria. Así, esta semana el nuevo Consejo Directivo de la Sunedu, que ahora es integrado por los propios regulados –algo equivalente a que Telefónica integre el consejo directivo de Osiptel– eligió a su nuevo superintendente. El designado fue Manuel Castillo Venegas, representante de las universidades públicas. ¿De quién se trata? Nada menos que de un investigado por corrupción por manejo ilegal de concursos docentes en la Universidad Nacional de Piura y por manejo ilegal de fondos del Colegio de Abogados de Piura.

De esta triste manera se da sentencia de muerte a la reforma universitaria, quizás la única política pública exitosa que ha podido ser implementada en estos últimos seis años tan difíciles para el país.