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(OPINIÓN) Joaquín Rey: una cuestión de sensatez
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La próxima semana, el Pleno del Congreso debatirá un proyecto que, de concretarse, implicaría gravísimos daños tanto para el sistema previsional como para la economía en general. Se trata de la propuesta de un nuevo retiro de las AFP por hasta 4 UIT, lo que equivale a S/18,400. ¿Cuáles serán sus impactos? Vamos por partes.
Primero: estamos creando una bomba de tiempo. Con los cinco retiros aprobados entre 2020 y 2021, el fondo total administrado por las AFP ya se redujo en un tercio, y 2.3 millones de peruanos se quedaron con cero soles en sus cuentas de jubilación. El nuevo retiro implicaría una salida adicional de S/31,000 millones, lo que, sumado a los retiros anteriores, representa la mitad del ahorro previsional que tomó tres décadas construir. Esto podría dejar a dos millones más sin un sol en sus cuentas de jubilación. La consecuencia es muy clara: en un plazo muy breve tendremos una población adulta mayor totalmente desprotegida.
Segundo: esta iniciativa creará presiones inflacionarias justo en el peor momento. Ya en marzo tuvimos la inflación más alta en 26 años y la tendencia sigue al alza. La aprobación de nuevos retiros de AFP significaría echarle más leña al fuego. Y es que resulta imposible que una entrada tan masiva y repentina de liquidez a la economía sea acompañada de un incremento en la oferta de productos a la misma velocidad, ya que la capacidad productiva o de importación no puede ampliarse tan fácilmente de un momento a otro. Por ello, lejos de promover un mayor consumo, la liquidez adicional se irá directamente a elevar precios. Es decir, más inflación.
Tercero: los nuevos retiros afectarán profundamente a nuestro a mercado de capitales, y por lo tanto al crecimiento económico. ¿Por qué? Los fondos de AFP han sido nuestra gran fuente de ahorro interno durante las últimas tres décadas. En este periodo, se acumularon cerca de 200,000 millones de soles, los que permitieron una expansión del crédito barato para el sector privado y público. Esto es lo que promovió el desarrollo de un mercado hipotecario antes inexistente, que facilitó el acceso a vivienda para cientos de miles de peruanos. También permitió que el Estado pueda obtener recursos a los que antes solo accedía vía endeudamiento externo. De hecho, antes de 2020 las AFP tenían en su haber cerca del 30% de los bonos soberanos. Hoy, luego de los cinco retiros aprobados, esa proporción se ha reducido a la mitad.
Al contraerse la oferta de ahorro de manera tan drástica, la consecuencia directa es un incremento en las tasas de interés que pagamos todos. Esto no es algo hipotético o teórico; de hecho ya comenzó a suceder. En el último año, la tasa de los bonos soberanos peruanos a diez años se ha incrementado en dos puntos porcentuales, y la tasa hipotecaria promedio ha subido en cerca de un punto porcentual y medio. Los nuevos retiros solo profundizarán esta tendencia.
Lo más preocupante es que ya no hay una real justificación para mayores retiros. Hoy la producción y el empleo están en niveles por encima de los registrados antes de la pandemia. Además, el dictamen que se debatirá en el Pleno no considera ningún criterio de focalización para llegar a los realmente necesitados. Todos los afiliados podrían hacer retiros sin importar su condición de empleo, situación económica o edad. Si se va a insistir en este despropósito, por lo menos deberían plantearse ciertos criterios de elegibilidad para priorizar a los afiliados que realmente pasan por una situación apremiante.
Bien harían nuestros legisladores en analizar el caso de Chile, donde esta semana la Cámara de Diputados rechazó contundentemente un nuevo retiro luego de las advertencias que el propio gobierno izquierdista de Boric hizo sobre las graves consecuencias que este tendría. Esperemos que la responsabilidad y sensatez primen sobre la demagogia este jueves en el Pleno.
*El autor es asesor externo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.
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