[Opinión] Jorge Baca-Álvarez: El enemigo (mal) elegido

Lo ocurrido el martes pasado en la conferencia de prensa convocada por el Presidente de la República en la que solo se permitió el ingreso a los corresponsales de la prensa extranjera, impidiendo el ingreso de los medios nacionales, es un acto de censura que se suma a los realizados por Castillo, Torres y su entorno, desde que asumieron el poder el 28 de julio de 2021.

La total ineficiencia de nuestras autoridades y la, a estas alturas, innegable vinculación de estas con actos de corrupción ha tenido como torpe estrategia de defensa, un ataque frontal contra los medios de comunicación, acusando una persecución y una actuación obstruccionista.

Nada más ajeno a una posición valiente y transparente de la prensa libre, investigando y denunciando situaciones irregulares, trate de quien se trate.

Para abril de este año, el Instituto Prensa y Sociedad y el Consejo de la Prensa Peruana habían emitido 24 alertas por acciones del gobierno de Castillo contra la prensa. Estas alertas iban desde impedimentos a actividades oficiales hasta agresiones directas contra reporteros que buscaban tener declaraciones del mandatario. Todos estos actos son una forma de censura, y lo son también iniciativas legislativas que buscaban que no se haga pública la información contenida en procesos fiscales, lo mismo que pretender utilizar el cargo para dirigir a dedo, y sin criterio técnico, la inversión del Estado en comunicación pública.

Debemos recordar al Presidente que lo que todos los peruanos decidimos en las últimas elecciones generales, fue vivir en democracia; y el deber que usted Sr. Castillo asumió ante la ciudadanía, fue respetar nuestra ley y nuestras instituciones. El respeto a estas parte por una absoluta transparencia, respondiendo ante el país por hechos que lo vinculan y que deben ser esclarecidos en su totalidad. En ese cometido, bajo ningún supuesto puede ser aceptado por la población que se pretenda evadir la acción de la justicia o desmerecer la institucionalidad del Ministerio Público, con ardides legales o figuras alambicadas que deben estar totalmente ajenas a la persona que ostenta la más alta judicatura del país.

Sin una prensa libre no existe democracia y sin democracia, la defensa de los derechos fundamentales de las personas corre un gravísimo riesgo. Por ello, la defensa de la prensa libre es un deber de todos los peruanos.