[Opinión] Mariana Alegre: Pisa el freno (y aguanta el pánico)

Después de mucho tiempo de insistencia por parte de diversos especialistas, organizaciones y colectivos, finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones logró reducir la velocidad máxima para los vehículos motorizados a 30 kilómetros por hora en las calles y jirones y, en el caso de avenidas, la velocidad máxima será de 50 km/hora. Esto tiene por objetivo reducir los accidentes de tránsito y el número de fallecidos y heridos graves.

El vínculo entre el incremento del número de víctimas y el aumento de la velocidad de los vehículos está científicamente demostrado. Por ello es que esta medida es sumamente importante pues implica que muchas vidas se van a salvar y la tragedia no llegará a los hogares de miles de familias. Además, la norma reconoce al ciclista como usuario vulnerable y busca impulsar la movilidad activa a partir de estas medidas. Por eso, el Decreto Supremo No. 025-2021-MTC es una gran noticia para nuestro país.

Por otro lado, muchos miedos han emergido con la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la inclusión del instrumento de “captura de plusvalías”. Esta contribución se aplica al valor adicional que se genera en un predio producto de la acción del Estado. Es decir, si el Estado invierte en desarrollar una infraestructura de transporte o un nuevo espacio público que revaloriza la zona y el valor del predio se dispara, entonces el Estado cobra al propietario un monto sobre ese “sobrevalor” que fue generado sin ninguna inversión ni esfuerzo (trabajo) por parte del propietario del inmueble.

Este y otros instrumentos equivalentes son muy utilizados en otros países, como Colombia, y sirven para compartir el valor urbano y desarrollar nuevas inversiones que mejoren la ciudad y la calidad de vida. Aquellos quienes defienden la propiedad privada como si se tratara de un derecho absoluto y sin límites se han quedado en la etapa romana y quieren seguir viviendo bajo este principio latín: cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos, que puede traducirse en “el que es dueño del suelo, lo es por arriba hasta el cielo y por abajo hasta el infierno”.

Y no, estos no son los aires comunistas a los que seguro estos mismos críticos han tenido miedo estas últimas semanas; son, más bien, las fórmulas más modernas de gestión urbana que finalmente han llegado a nuestro país. Finalmente.

Ad portas de un nuevo gobierno, esperamos que los avances impulsados por la gestión de la ministra Solangel Fernández puedan continuar. Si lo que queremos es que nuestras ciudades del bicentenario sean justas, democráticas y sostenibles, no basta con reconocer sino también fortalecer el derecho a la ciudad que hoy, finalmente, se encuentra plasmado en nuestra normativa.