Pero atacar aeropuertos, afectar servicios públicos, incendiar instalaciones de instituciones tutelares, destruir propiedad privada, impedir la libre circulación, bloquear carreteras, poner en riesgo la vida, la salud y el sustento de los peruanos no son formas de protesta; son delitos. Son delitos que rápidamente pueden escalar en más amedrentamiento, más heridos y más muertes. Delitos que se originan como corolario de un fallido golpe de Estado, que, a su vez, se origina en abundante evidencia de corrupción en los más altos niveles del Ejecutivo. Delitos que se camuflan dentro de los reclamos y protestas de nuestra ciudadanía y que buscan generar mayor destrucción, mayor desorden, mayores muertes y mayor respuesta de las autoridades. La violencia como forma de acción política es inaceptable, nos perjudica a todos y debe rechazarse desde todo punto de vista. La violencia como forma de acción política tiene como objetivo eliminar el balance de poderes, generar respuestas desproporcionadas y hacernos menos libres socavando los principios de convivencia de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho. Por eso es que es tan importante defender el orden público garantizando el respeto a los derechos de todos.