[OPINIÓN] Nelson Shack: “Contrataciones y cómo afectan la vida de los ciudadanos”

Las contrataciones públicas, que representan el 15% de la producción nacional, aseguran la dotación de recursos, la provisión de bienes y la prestación de servicios públicos en el país; sin embargo, la ineficiencia y la corrupción presentes en estos procesos —en los que convergen el sector público y el sector privado— impactan negativamente porque traen como consecuencia demoras en la llegada de medicamentos ante una emergencia, carreteras inconclusas o con innumerables fallas técnicas, colegios sin materiales de estudios para nuestros escolares, hospitales cuyas construcciones no acaban o no cuenten con insumos médicos para operar, entre otras situaciones.

En nuestro “Análisis de la contratación pública en el Perú: Una mirada desde el control gubernamental para el periodo 2018-2022", advertimos que el 43% de las irregularidades presentes en las contrataciones públicas corresponde a la fase de selección (en la cual se supone que se selecciona al proveedor más idóneo con el que se va a contratar); el 37% se da en la ejecución contractual y el 9% en la fase de actos preparatorios.

Estas observaciones son producto de hechos consumados que no fueron corregidos por las entidades y que generaron la identificación de 26,342 responsabilidades en 11,927 funcionarios como resultado del control posterior. Así, tenemos que, de los principales delitos cometidos, el 78% corresponde a negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en tanto que el 12% a colusión, el 5% a peculado, entre otros.

Hemos advertido, además, que existen 885 registros únicos de empresas, entre personas jurídicas y naturales, con quienes se contrató la ejecución de obras que están relacionadas con hechos cuestionados, identificando responsabilidad penal en 2,016 funcionarios de estas entidades sujetas a control.

La problemática identificada en las contrataciones públicas se configura en todas las etapas de los procedimientos de selección, y ha sido evidenciada durante la ejecución de los servicios de control realizados por la Contraloría.

Y si bien es cierto que la Ley de Contrataciones establece que el Plan Nacional de Contrataciones puede ser modificado durante el año fiscal, se ha identificado que las entidades hacen un uso desmedido de estas modificaciones, llegando a registrar hasta 294 versiones, como es el caso de Essalud en 2022.

En el nivel de gobierno nacional, el máximo fue de 119 versiones en 2018; y en los gobiernos regionales hasta 90 versiones, también en ese año. A nivel del gobierno local se efectuaron hasta 80 versiones en 2020.

Hemos evidenciado, además, un alto porcentaje de procesos que se ejecutan con falta de competencia. Específicamente, se ha analizado el alto porcentaje de procedimientos de selección que son adjudicados con la concurrencia de un solo postor, el cual, como hemos señalado, llega en promedio al 40% del total de los procedimientos convocados.

Por todo ello, si queremos mejorar las contrataciones en el Estado, es urgente que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado reorganicen el proceso y conduzcan una evaluación de la efectividad de las modalidades de contratación vigentes, ya que una cantidad sustancial de procesos se adjudica por diversas normas especiales y de carácter temporal, mientras que menos de la mitad de las adjudicaciones se realiza con alguna de las modalidades de la Ley de Contrataciones. Urge, entonces, tener una nueva ley de contrataciones públicas en nuestro país.

También se necesita que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) alerte sobre un posible fraccionamiento en el registro de gasto por órdenes de compra y servicio sin proceso de contratación, así como cuando se detecte que una empresa está sancionada.

Estas medidas que son necesarias tal vez no eliminarán la corrupción en las contrataciones públicas, pero sí serán un gran paso esencial en esta lucha. ¡Avancemos de una vez!