[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Demagogia previsional”

Aunque no ocupe los titulares, es bueno recordar que hoy en Perú se debate una reforma previsional. Por un lado, la PCM lidera una comisión multisectorial que debe entregar su propuesta en junio. Además, el MEF prepara su propio planteamiento, que debe estar listo este mes. Por otro lado, en la Comisión de Economía del Congreso se creó un grupo de trabajo con el mismo fin. A estas iniciativas estatales se suma la propuesta de la Asociación de AFP, que fue presentada en febrero con interesantes medidas.

La sola discusión del tema es muy saludable, pues nuestro sistema previsional requiere reformas de fondo para incluir a mucho más peruanos y mejorar sus pensiones.

En esta discusión es fundamental aprender de la experiencia internacional y evitar modelos fallidos. De hecho, hoy nuestra región ofrece dos ejemplos de todo lo que no deberíamos hacer: Colombia y Bolivia.

En Colombia, esta semana el presidente Petro anunció su propuesta de reforma, que reduce al mínimo el sistema privado –en el que cada ciudadano tiene una cuenta que acumula sus aportes y rentabilidad– para dar predominancia a un sistema de reparto que tiene enormes problemas de sostenibilidad.

Hoy en Colombia, al igual que en Perú, conviven un sistema privado y uno público. En el privado, compiten cuatro administradoras que otorgan pensiones en función de los aportes individuales. Cada trabajador elige la AFP que mejores condiciones ofrezca. En paralelo, la alternativa pública es un sistema de reparto, en el que las pensiones de los mayores son financiadas con los aportes de los más jóvenes. Un esquema piramidal que, como consecuencia del cambio demográfico, es hoy insostenible. De hecho, hoy el sistema público tiene un déficit anual de 18 billones de pesos (unos US$3,700 millones).

Increíblemente, la propuesta de Petro reduce el sistema que sí funciona –el privado– y expande el sistema quebrado –el público–. ¿Qué plantea? Que todos los que ganen menos de tres sueldos mínimos estén obligados a participar únicamente en el sistema público, y solo los que tengan una remuneración mayor podrían cotizar lo adicional en el sistema privado. En la práctica, esto implicaría que el 84% de trabajadores se vea obligado a aportar al sistema público. La enorme mayoría quedaría excluida del sistema privado, que es claramente superior y quedaría limitado a los trabajadores de mayores ingresos.

¿Por qué arrebatar la capacidad de elección de los colombianos? Hoy, solo 6.7 millones aportan al sistema público, mientras que 18.3 lo hacen al privado. Y esto es así pues los trabajadores saben que el privado es una mejor alternativa. De progresar la reforma de Petro, no podrán tomar esa decisión.

El caso de Bolivia es igualmente preocupante. Desde 2010, su reforma constitucional determinó que el Estado debía administrar las pensiones. Aunque esto aún no se ha terminado de concretar, se ha dado un proceso de desmantelamiento gradual del sistema. Primero se obligó a las AFP a invertir todo el dinero de los afiliados dentro de Bolivia, y posteriormente a prestarle dinero al Estado. Todo esto en detrimento de los trabajadores, cuyo dinero debería ser invertido con la finalidad de maximizar rentabilidad, no de subsidiar el desbocado déficit fiscal.

Hoy Arce está finalmente determinado a dar el zarpazo final y estatizar los fondos de AFP. Todo indica que el gobierno pretende aliviar la crítica situación de sus finanzas públicas echando mano al ahorro previsional. Una medida que en el fondo es una expropiación del fruto del trabajo de los bolivianos.

En Perú ya tenemos un sinnúmero de ejemplos de lo mal administrador que es el Estado, y de lo que puede pasar cuando los recursos de los ciudadanos se usan con fines políticos.

Sigamos el camino de los sistemas exitosos, en los que la capitalización individual y la libertad de elección son fundamentales. No permitamos que la demagogia y los apetitos políticos guíen el debate previsional en Perú.