[Opinión] Nelson Shack: “El mito y la realidad de la fiscalización de consejeros y regidores”

Sin embargo, en muchos casos, esto ha sido un mito, ya que la realidad nos ha revelado que esta representatividad tan importante ha venido encontrando múltiples obstáculos, incluso a veces propiciados por los propios alcaldes y gobernadores y sus funcionarios en la importante tarea fiscalizadora, lo que claramente favorece la corrupción e inconducta funcional.

Durante múltiples jornadas en el interior del país, audiencias públicas y denuncias que recibe la Contraloría, hemos conocido las limitaciones que regidores y consejeros han encontrado para ejercer su labor: oficinas cerradas, impedimentos para crear comisiones ordinarias, pedidos de información sin respuesta, entre otros. Estas son algunas de las situaciones que nuestros representantes enfrentan para evitar que concreten o develen las irregularidades que afectan a su distrito, provincia o región.

Esta realidad motivó a que la Contraloría presente en el 2021 un proyecto de ley para fortalecer la labor fiscalizadora de los consejeros y regidores, el cual fue acogido por un grupo de parlamentarios, y tras algunas modificaciones, fue finalmente aprobado.

Ahora, la Ley 31433 otorga facultades y recursos presupuestarios necesarios para que regidores y consejeros puedan contar con las herramientas que permitan acciones concretas y resultados visibles.

Esta norma fortalece la labor de fiscalización de consejeros y regidores, dotándoles de mayores capacidades a través, por ejemplo, del encargo que se le hace a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría para que los capacite en temas de control gubernamental y gestión pública; asignándoles recursos por el 0.5% del monto total ejecutado en el año precedente, para así garantizar su capacidad logística y el apoyo profesional necesario para fiscalizar con el propósito de prevenir actos de corrupción e inconducta funcional que terminan costándoles a todos los peruanos y peruanas. Ahora el Concejo Municipal podrá designar comisiones investigadoras y el alcalde estará obligado, bajo responsabilidad administrativa, a responder los pedidos de información.

De igual forma, se le faculta al Consejo Regional a designar comisiones investigadoras y el gobernador está obligado a responder los pedidos de información en un plazo determinado. Los consejeros también podrán fiscalizar la implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de control y fiscalizar el desempeño y la conducta de los funcionarios y directivos.

Garantizamos nuestro acompañamiento para el éxito de la titánica labor de fiscalización, la cual contribuirá a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas ante la población, y redundará en el desarrollo de las comunidades del país, lo cual debe ser el fin supremo de toda autoridad que recibe la confianza de su pueblo. ¡No los defraudemos!

Y, a ti ciudadano, en estas Elecciones Regionales y Municipales, infórmate y elige bien. Emite un voto responsable y reflexivo, pues de ello dependerá en gran medida el éxito o fracaso en la lucha contra la corrupción regional, provincial y distrital en los próximos cuatro años.