[Opinión] Nelson Shack: Responsabilidades vs. sanciones

Los problemas que afronta el país, y que deberían ser solucionados por la clase política y la administración pública, no paran. Peor aún, y como lo vemos a diario, penosamente son las propias autoridades, funcionarios y servidores públicos –que son asalariados por el Estado– quienes muchas veces motivan los perjuicios en contra de los ciudadanos.

Cómo no anhelar que en nuestro país no falten camas UCI para salvar la vida de nuestros compatriotas, sobre todo en el interior del país; que ad portas de iniciar el año escolar la infraestructura de los colegios esté en óptimas condiciones para recibir a nuestros niños, niñas y jóvenes; o que los ciudadanos no se vean obligados a esperar meses para obtener un pasaporte; o que nuestros ancianos no tengan que rogar para una atención de salud oportuna.

La realidad nos demuestra que la incompetencia e indiferencia de algunos malos gestores públicos ocasionan que se acentúe esta problemática que, en resumidas cuentas, nos afecta a todos, pero especialmente a los más vulnerables.

Así lo vemos reflejado en los resultados del control gubernamental a las instituciones públicas que hemos practicado en los últimos años, por ejemplo, en el año 2020 se ha revelado que más de 6,700 funcionarios han sido identificados con responsabilidad administrativa, civil y/o penal, mientras que en el segundo año de pandemia 2021, este número se incrementó a más de 7,000.

Los actos cometidos por estos malos funcionarios habrían ocasionado pérdidas al Estado en el 2020 por más de 22 mil millones de soles, según estimaciones de la Contraloría, donde, por cada sol que se pierde por corrupción o inconducta funcional, es un sol mal gastado y que no se traduce en mejores servicios públicos para la población. Con ese dinero, el Estado habría podido construir dos carreteras centrales, cada una de cuatro carriles con puentes, viaductos y túneles; o hubiéramos podido construir más de 1,600 colegios para 1,300 alumnos cada uno, o sea, grandes unidades escolares, mientras que en el sector salud se hubieran podido ejecutar más de 50 hospitales totalmente equipados con la última tecnología médica como el Hospital II Vitarte para beneficiar a millones de personas a lo largo y ancho del país. Eso es el valor de lo que perdemos anualmente.

Pero el Estado no tiene por qué continuar justificando esta situación; y los ciudadanos no tenemos por qué seguir tolerando deficientes o nulos servicios y obras públicas. Una medida que contribuirá –estoy seguro– a enfrentar la corrupción y la inconducta funcional en el Estado es la activación en el presente año de la potestad sancionadora de la Contraloría que retomamos con responsabilidad y compromiso para alejar de la administración pública a aquellos funcionarios, funcionarias, servidores y servidoras responsables de perjudicar al Estado y a la sociedad.

Con la sanción administrativa a cargo de la Contraloría, tras un debido proceso, expeditivo de seis meses aproximadamente y respetando estrictamente la legalidad, podremos separar prontamente del Estado a los responsables de tanto perjuicio. Seguramente serán miles de procesos los que iniciaremos en virtud de Ley 31288 aprobada en julio pasado.

No obstante ello, si bien iniciamos este año con el compromiso de activar prioritariamente el procedimiento sancionador de tal manera que contribuya a terminar con la impunidad en el país, debemos reflexionar en que esta no es la única solución en la lucha contra la corrupción.

Necesitamos expandir el control concurrente como mecanismo de control preventivo y también, más allá de nuestra función, urge que se tenga un sistema de justicia proactivo, que juzgue y no tolere a quienes no sintonizan con resolver con apego a la ley las necesidades básicas de la población ni con aquellos que solo atienden sus intereses particulares a costa del bolsillo de todos los peruanos, particularmente de los más vulnerables.