[OPINIÓN] Pablo de la Flor: “Municipios abusivos”

“No hay que ser demasiado perspicaz para reparar en que las intervenciones de los fiscalizadores muchas veces parecen tener cierto tinte extorsivo”.

Pablo de la Flor

Fecha Actualización

26/08/2023 - 07:03

En medio de la desaceleración económica, algunas entidades públicas que debieran estar preocupadas por promover la reactivación y recuperación productiva, parecen más bien empeñadas en trabar emprendimientos y penalizar la generación de empleos, a través de su incontinente producción regulatoria e interpretación normativa arbitraria.

Esto viene ocurriendo de manera cada vez más frecuente con los municipios, cuyas tropelías quedaron plenamente graficadas con el cierre irregular por parte de la alcaldía de Ate, de uno de los restaurantes más emblemáticos del distrito. Las absurdas observaciones de los fiscalizadores y las desproporcionadas multas dan cuenta del estilo gansteril en boga entre gran número de autoridades ediles.

Si no hubiera sido por la visibilidad que la prensa le dio al cierre y la rápida movilización pública de distintos restaurantes y gremios que se solidarizaron con los afectados, el municipio en cuestión hubiera persistido en su insensatez, privando de empleo e ingresos a más de 200 trabajadores.

Este tipo de actitudes no son privativas de Ate, sino que se extienden al tejido más amplio de municipios, y afectan con ferocidad a los pequeños empresarios que deben someterse a los atropellos de las autoridades, por temor de que sus establecimientos sean clausurados permanentemente.

Esta misma semana, el puesto de lustradores de zapatos de la avenida Dasso, un bien tenido espacio al que recurren gran cantidad de vecinos de San Isidro, fue notificado, apelando a una absurda y abusiva interpretación normativa, que la licencia municipal de la que disponía solo permitía que laborara un solo lustrador y no los seis que emplea. El mismo puesto ya había tenido que soportar una clausura arbitraria del anterior alcalde (detenido por supuestos actos de corrupción).

No hay que ser demasiado perspicaz para reparar en que las intervenciones de los fiscalizadores muchas veces parecen tener cierto tinte extorsivo. Las exigencias resultan tan extremas que constituyen casi una invitación a saldar los inconvenientes por la vía irregular, so riesgo de que los pequeños comerciantes, bodegueros, peluqueros y vendedores de menús, pierdan la posibilidad de seguir trabajando.

Por si ello fuera poco, muchos municipios siguen empeñados en evacuar normas que exceden sus ámbitos de competencia y levantan claras barreras burocráticas al quehacer empresarial. Para mayores señas, valiéndose de la excusa de la pandemia, algunos distritos aprobaron la exigencia de certificados sanitarios a los prestadores de servicios (peluquerías & bodegas), algo que, por supuesto no hicieron extensivo a su propio personal de atención al público.

Felizmente, estos despropósitos —y otros de igual o mayor calado— fueron desmontados por Indecopi, que ahora cuenta con una norma de reciente aprobación para agilizar el desmontaje de barreras. En esa línea, sería importante contar también con mecanismos que protejan a aquellos que denuncien los atropellos municipales de los que son víctimas.

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