[OPINIÓN] Rafael Belaunde Llosa: Las otras víctimas del ‘gota a gota’

El número de peruanos sin acceso a la Red Pública de Agua (RPA) asciende a 3'365,341. De esos, 1'919,568 viven en áreas urbanas y el resto (1'465,098) en zonas rurales; sin embargo, tener acceso a la RPA no garantiza la continuidad del servicio. En Lima, donde el 93.5% tiene acceso a la RPA, más de 548 mil ciudadanos reciben menos de nueve horas al día de servicio y más de 700 mil, sencillamente, no tienen conexión a la red.

Es decir, 1'266,231 limeños (11.5%) no tienen conexión a la RPA o, si la tienen, califican como vulnerables por poca continuidad. Ello ocurre en Lima —que es, por lejos, la ciudad con mejor cobertura—; sin embargo, en muchas regiones es común tener localidades que reciben dos horas de agua cada 15 días.

Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (2019), la brecha de acceso a infraestructura de calidad para agua y saneamiento asciende a S/120 mil millones a nivel nacional y solo para Sedapal es de S/46 mil millones.

La magnitud de las cifras nos debe obligar a desprendernos de prejuicios políticos e ideológicos, y entender que será muy difícil para el Estado cargar con ese peso financiero solo. Mecanismos que permitan convocar capitales privados, que ayuden a cerrar esta brecha en el menor tiempo posible, son imprescindibles y urgentes.

Mientras las brechas no se cierran, tenemos a millones de familias que dependen del suministro de agua vía camiones cisterna. Esto obliga a almacenar el agua en contenedores cilíndricos, lo que fomenta la proliferación de enfermedades como el dengue.

Desde el punto de vista económico, la falta de acceso a la RPA genera un mayor costo. Una familia pobre urbana sin conexión a la RPA paga S/50.6 mensuales por agua, mientras que una que sí está conectada paga S/33.2.

Por último, el informe de Sunass concluye que contar con acceso a la RPA impacta, significativamente, de manera positiva en las personas desde muchos aspectos y diversas formas. Acá algunos de ellos: 1 dólar invertido en agua ahorra 5.5 dólares en servicios de salud; las enfermedades diarreicas agudas se reducen en 10% por tener agua y en 20% por tener saneamiento; 13% de reducción de casos de desnutrición por tener saneamiento; 8% de reducción de casos de anemia por incrementar 10% la cobertura de saneamiento; y, en zonas rurales, los estudiantes incrementaron sus notas, se enfermaron menos y no faltaron a clases.

Una cruzada nacional por cerrar la brecha de agua potable y desagüe es una obligación moral hacia los ciudadanos más pobres y debería ser materia de consenso entre las diversas fuerzas políticas. Ojalá los intereses políticos y prejuicios ideológicos no se interpongan en el camino.