[OPINIÓN] Richard Arce: “El amor en tiempos de cólera”

Por si acaso esta columna no es una página de sociales y menos de consejería amorosa, pero sí vamos a tomar el título de una entrañable obra de García Márquez, porque esta semana se ha hecho evidente nuevos casos de altos funcionarios públicos que caen en el juego perverso de favorecer los intereses de sus supuestas parejas, mostrando desprecio por el bien público con tal de complacer los caprichos de sus medias naranjas.

Desde Betssy Chávez, el modus operandi parece ser el mismo, primero negando algún tipo de relación y después para justificar sus “pecados de amor” se hacen los desentendidos y acusan una supuesta persecución política.

Empecemos con la congresista Rosselli Amuruz, porque al parecer se terminó la fiesta y la Fiscalía de la Nación acaba de abrirle una carpeta fiscal por negociación incompatible y la contratación irregular del personal de sus despachos congresales; todo para complacer al excongresista Paul García y copar los cargos con sus allegados, que incluye además a la cuñada con un contrato expectante en el Congreso.

La gravedad de este escándalo es que la víctima de la fiesta de sangre, Christian Enrique, funcionario del servicio parlamentario, hacía la labor de camarógrafo personal, para testimoniar con fotos y videos las juergas a las que acostumbraba asistir la congresista. Es evidente la falta grave para que sea censurada de la Mesa Directiva. Y además debería recibir una sanción en Ética, pero olvídense, está bien blindada en este Congreso desprestigiado.

El otro escándalo son las contrataciones irregulares de las amigas del premier Alberto Otárola, que inclusive en los reportajes periodísticos se insinúa algún tipo de relación con una jovencita que tuvo la suerte de recibir la invitación de la PCM para que tenga un trabajo donde ella inclusive proponía el monto de su sueldo. Todo un escándalo y un procedimiento irregular de contratación del Estado que va a tener sanción penal. Estos escándalos están rebasando cualquier voluntad del Gobierno para enmendar el camino y peor en un contexto de alta desaprobación del Gobierno.

Deberían darse cuenta de que el cargo que ostentan es para servicio público, no para aprovecharse del puesto y cometer actos de corrupción con favores ilegales a sus allegados. La gravedad es que los involucrados tienen influencia directa en la decisión de la contratación y por más malabares que hagan, la población ya se dio cuenta de sus patrañas.