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Ayer publicaba que el problema de la presidenta Boluarte no es en sí el Rolex, sino todo lo que genera un bien suntuoso, que ahora se ha vuelto un asunto de interés público y hasta en una cuestión de Estado, porque ya se encendieron las alarmas con la investigación preliminar desde la Fiscalía de la Nación y la rectificación pública que ha hecho el propio contralor general de la República, puesto que las declaraciones juradas de las autoridades no solo son obligatorias, sino que tienen especificaciones que se tienen que cumplir, como la exigencia de declarar los bienes muebles si tienen un valor superior a las 2 UIT.
En el enredo y trabalenguas que se han convertido los diversos argumentos que han salido al frente, para justificar e interpretar la explicación inicial que ha dado la presidenta, diversos ministros de Estado han terminado patinando y dejando más dudas que certezas, por lo que hubiera sido aconsejable mejor guardar silencio. El tema tiene mucho que aclarar y seguro la mendacidad va a ser evidenciada, como fue en el caso del libro plagiado, la administración de la caja de Perú Libre en campaña o los presuntos financiamientos ilegales recibidos de industrias Beltrán.
Ayer la ministra Hania Pérez de Cuéllar ensayó otra explicación surrealista, contando que ella acostumbra a comprar Rolex “bamba”, esos chinos, como dijo en una entrevista radial, pero que fue retrucada inmediatamente por el periodista, porque evidentemente esa mención alude a la promoción de artículos falsificados, contrabando, vulneración abierta a derechos de autor, más aún si ella en su momento fue presidenta del Indecopi, que se encarga de las patentes y sanciona la piratería, paradójicamente.
Así que el ridículo fue mayor y ahora la noticia ya no solo son los Rolex de la presidenta, sino los Rolex bambas de la ministra preferida del Gobierno. Como una muestra de su desprecio por la protección de la propiedad intelectual y la garantía que debe dar el país a la legalidad de bienes originales, ella anuncia muy oronda que usa Rolex bambas, todo un despropósito y un pésimo mensaje a los inversionistas que se requiere que vengan al país.
No será sorpresa si mañana recibimos una denuncia en un tribunal internacional por auspiciar la piratería de marcas conocidas, que se venden a la vuelta de la esquina a precio de ganga y que es una realidad que muchos peruanos prefieren la cachina, para ahorrarse algunos soles en su alicaída economía, incluida una ministra de Estado.
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