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[OPINIÓN] Richard Arce: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”

“Los principales partidos políticos que componen el Congreso tienen sindicaciones graves de ser organizaciones criminales, y sus líderes están incriminados en varios procesos judiciales...”.

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No crea que será el Chapulín Colorado porque a este paso el Congreso y hasta el propio Tribunal Constitucional son un remedo de instituciones garantes de nuestra democracia; ahora solo ha quedado una burda caricatura expuesta a los intereses subrepticios de los grupos de poder.
Tal como lo predijimos, el miércoles consumaron una nueva tropelía en el Congreso, imponiendo una sanción a la fiscal Zoraida Ávalos por venganza política, pero, sobre todo, para imponer su agenda en otro poder del Estado, irrumpiendo groseramente en la autonomía que requiere el Ministerio Público para hacer las investigaciones fiscales.
Esto resulta más que escandaloso, porque los principales partidos políticos que componen el Congreso tienen sindicaciones graves de ser organizaciones criminales, y sus líderes están incriminados en varios procesos judiciales en los que la Fiscalía los va a denunciar y requerir la condena máxima; por eso no extraña esta pretensión maldiciente.
Súmenle que curiosamente han acelerado el procedimiento de la acusación constitucional; el Congreso quiere imponer su remplazo en la Junta de Fiscales Supremos que es la instancia de decisión del Ministerio Público. Por eso la premura de aprobar la sanción, así le quitan a la Junta Nacional de Justicia la oportunidad de evaluar en concurso público el remplazo de Ávalos. Además, recordemos que está pendiente el nombramiento de un fiscal supremo, entonces, no es descabellado creer que los congresistas quieren tener dos fiscales supremos, como hicieron con el TC, a la medida.
Si no, recordemos los increíbles comentarios del presidente del TC, Francisco Morales, quien con todo desparpajo se despachó en una entrevista aduciendo que para que haya disolución del Congreso es el propio Parlamento el que debe tener la voluntad de ser disuelto. Es un absurdo, porque eso significaría el fin del equilibrio de poderes y entrar al oscurantismo de una dictadura parlamentaria.
Imagínense a ‘Los Niños’ o a los ‘mochasueldos’ queriendo liquidarse disolviendo el Congreso, ponerlos de juez y parte, y todavía a presuntos delincuentes con corbata. Es un tremendo despropósito, peor si es refrendado por la máxima autoridad del TC soltando semejante imposible jurídico, eso significa que en realidad estamos tocando fondo.
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