(Opinión) Una nueva oportunidad para la empatía

Hace casi cuatro años aprobamos en el Congreso de la República la primera Ley de cannabis medicinal. Fue un momento histórico. Se creó un marco normativo que permitió y reguló –por primera vez– la importación, comercialización y uso de productos derivados del cannabis para pacientes que dependen de este para aminorar los síntomas y secuelas de ciertas enfermedades.

Pero lo que conseguimos fue más que una norma. Gracias a la gran lucha de las organizaciones involucradas y a la valentía de las familias de los pacientes, se pudo romper el tabú que rodeaba al cannabis medicinal. Fue, en definitiva, un verdadero triunfo de la empatía.

Como quedó claro desde entonces, cuando se habla del cannabis para uso terapéutico, hablamos de personas y de familias. Y también hablamos de la amplia evidencia científica que respalda sus beneficios. No solo mejora la situación de muchos pacientes, sino que también salva vidas. La evidencia demuestra que el uso del cannabis medicinal puede reducir los niveles de mortalidad por el abuso o sobredosis de fármacos opioides utilizados para el control de enfermedades que provocan dolores crónicos y agudos.

La ley de 2017 fue lo mejor que se pudo conseguir como primer paso. El tiempo demostró sus beneficios y también desmontó muchos de los temores que tenían quienes se oponían a esta. La legalización del cannabis medicinal no tuvo incidencia importante en temas de inseguridad o de narcotráfico. Más bien, alejó a muchos pacientes y sus familias del mercado negro de estos productos.

Sin embargo, el tiempo también ha mostrado las grandes limitaciones de la norma actual. Hoy en día, los productos derivados del cannabis pueden ser adquiridos legalmente. Pero en su gran mayoría son importados y suelen costar cientos de soles al mes, lo cual establece una gran barrera económica para la gran mayoría de pacientes.

Hay que tener en cuenta que existe evidencia sobre la mayor incidencia de pobreza en familias que tienen a un miembro con discapacidad. Es muy común que familiares cercanos de personas que sufren ciertas enfermedades o cuentan con una discapacidad dejen de trabajar para brindarles la atención necesaria.

Por eso, en este Congreso presentamos el año pasado un nuevo proyecto de ley, que tiene como objetivo garantizar en la práctica el acceso al cannabis medicinal por parte de quienes lo requieren. ¿Cómo lograrlo? La solución está en dar un paso más y abrir la puerta al cultivo asociativo de forma regulada. Brindar un marco de protección legal a las asociaciones de pacientes y familiares que ya existen, y elaboran sus propios productos derivados de la planta de cannabis, de forma específica a sus propias necesidades.

Son muchas las familias que hoy no pueden costear los productos y que ya practican el autocultivo, o se ven obligadas a recurrir al mercado negro. Están expuestas a la criminalización y la persecución. Como si cuidar y mejorar la vida de un ser querido fuese un delito o deba ser una actividad de alto riesgo.

La aprobación de este proyecto sería un verdadero punto de quiebre en el objetivo de que quienes requieren del cannabis terapéutico puedan acceder a este. Ya se cuenta con el dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso y dependerá de la Junta de Portavoces que el tema pueda debatirse en el Pleno antes que acabe la presente gestión. Esperemos que, una vez más, triunfe la empatía y la evidencia científica sobre los temores o prejuicios.