Petroperú es una empresa que nació mal. El dictador Velasco, con un discurso populista e ignorante, expropió la IPC, de capital estadounidense, y fundó lo que ahora se conoce como Petroperú. Lo que no se dice es que, gracias a esa demagogia, el Perú pagó millones de dólares de indemnización a la empresa expropiada.
Lo peor de esta desastrosa empresa no es su creación en nombre de la “soberanía”, sino que el Perú no es un país petrolero. En un país donde cerca del 10% no tiene acceso al agua, 30% es pobre, entre otras carencias, priorizó gastar miles de millones de dólares en una refinería. Todo ello sin contar las gollerías y privilegios con los que cuentan sus trabajadores.
Petroperú le ha costado al Perú más de 6,000 millones de dólares, esto es más de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá en 2016 (US$5,250 millones). No obstante, a pesar del fracaso de ese elefante blanco, sus creadores, quienes al igual que Velasco priorizaron la ideología en vez de las matemáticas, insisten en que hay que darle más dinero para hacerla rentable.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dejado de ser el freno a las demagogias para convertirse en el descubridor de la fórmula para financiarlas. Por ello, Arista hizo malabares (mal hechos) para cobrar el IGV a las plataformas streaming y antes se aumentó el ISC.
Mientras que a los contribuyentes les ajustan los bolsillos y convierten el ocio en lujos inalcanzables, a Petroperú lo quieren salvar de cualquier forma, así sea cambiando al único directorio que, entre las tres posibles soluciones presentadas, ha contemplado liquidarla. Salvar a esa moribunda empresa por demagogia y presión de su sindicato no solo es irresponsabilidad, sino frivolidad absoluta frente a otras carencias más urgentes.
