La principal preocupación de la ciudadanía es en estos momentos la ola delictiva que atenaza al país. Las actividades del crimen organizado continúan imparables ante la lenidad de las autoridades. Pero tampoco se puede desdeñar la inquietud que generan las próximas elecciones presidenciales ante el caótico panorama político que viene asomando, donde las economías ilegales tendrán también un papel insoslayable que, desde luego, jugará en contra del Estado de derecho.
La violencia —especialmente en zonas dominadas por la minería ilegal— ha escalado hasta alcanzar, en determinados episodios, la dimensión de actos terroristas que parecían desterrados de territorio peruano desde la derrota de Sendero Luminoso. Y sin ir demasiado lejos, hace unos días Lima vivió horas de pánico debido a un incendio de grandes proporciones en el centro de la ciudad, que, según todos los indicios, fue provocado por bandas dedicadas a la extorsión de comerciantes en el área del Cercado.
Como la clase política, los poderes del Estado, las instituciones públicas llamadas a cautelar la seguridad de la población no logran, por distintas razones, formular una estrategia clara para salir del atolladero en que se encuentra el Perú, son los ciudadanos, la sociedad civil, los que han empezado a movilizarse para hacer notar la gravedad de la situación o proponer alternativas.
Y justamente en lo que respecta a lo segundo, ha surgido la iniciativa del colectivo Peruanos de Estado, un grupo de empresarios —Roque Benavides, Carlos Añaños, Ricardo Márquez, Raúl Diez Canseco y Rosario Bazán— quienes han presentado al Congreso dos proyectos de ley abordando los que actualmente son dos temas críticos para el futuro del país: uno sobre seguridad ciudadana y otro para modificar el marco legal de las elecciones generales.
El contenido de ambas fue detallado en Perú21, pero cabe destacar propuestas como el nombramiento de un “zar de lucha contra la extorsión” que asumiría las funciones de un fiscal ad hoc sobre este tipo de delitos que requerirían también procesos sumarios para juzgar rápida y eficazmente a los acusados. Y, apuntando a los próximos comicios presidenciales, plantean —además de oportunas precisiones en los impedimentos para postular— reducir la valla electoral y ampliar el plazo de inscripción de las alianzas o frentes partidarios, así como una serie de medidas para asegurar la transparencia del proceso.
Dos iniciativas concretas, debidamente fundamentadas, que deberían ser atendidas por los legisladores. El Perú no está como para desoír o pasar por alto iniciativas tan sólidas como la de este colectivo.