En los últimos años, hemos escuchado noticias sobre las deficiencias en nuestra infraestructura educativa. Según el informe de la Contraloría General de la República de octubre de 2024, el sector educación tiene más de S/2,500 millones en obras paralizadas, definiendo “obra paralizada” como aquella que no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis meses o más. ¿Cómo explicar que, teniendo grandes deficiencias en nuestra infraestructura educativa, tengamos S/2,500 millones en obras paralizadas?
Lo más preocupante es el crecimiento del número de proyectos detenidos. Como indiqué en columnas anteriores, a finales de 2022 la Contraloría reportó S/900 millones en obras paralizadas; a finales de 2023 eran S/1,600 millones; y ahora, según el mismo reporte, a septiembre de 2024 hay S/2,500 millones. Algo anda muy mal.
Hoy, el Pronied depende del Minedu, y ahí está el problema. Este debe ser un organismo autónomo con pliego presupuestal propio, con independencia administrativa y financiera, con un equipo capaz de establecer metas a mediano plazo y con gran capacidad de ejecución.
El déficit de infraestructura es tan grande que el sector público no puede afrontarlo solo; por ello, se requiere la participación del sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos. Debemos iniciar una gran cruzada empresarial para que, mediante este mecanismo, ayudemos al sector público a mejorar la infraestructura educativa. Pero lo más importante es que el sector público haga lo que le corresponde: destrabar esas obras paralizadas y trabajar con mucha eficiencia. De lo contrario, ese monto de obras paralizadas seguirá subiendo año tras año, y nuestros estudiantes y el país entero pagarán las consecuencias.