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Pasado pesado
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El MTC ha informado que ha pedido a su oficina de control revisar el millonario contrato con la empresa china de capitales estatales China Railway Tunnel Group que recientemente había ganado en ese sector.
La compañía, si bien legalmente no tiene impedimento para contratar con el Estado, ya que su condición es solo de investigada, arrastra una serie de cuestionamientos, pues fue incluida por la Fiscalía en el caso ‘Los Niños’. Como se sabe, estos congresistas de AP habrían influido en la adjudicación de contratos diversos durante el gobierno del golpista Pedro Castillo.
La ministra de Transportes, Paola Lazarte, aseguró el jueves que su cartera había comenzado a elaborar un paquete de normativas para “separar” de las licitaciones públicas a empresas “con procesos delicados” y que distan de tener “prácticas responsables” con sus inversiones y negocios en el país. Una respuesta contundente a la pretensión de pasar por agüita tibia presuntos delitos cometidos en colusión con malos funcionarios del anterior régimen, cuyo alcance y dimensión todavía se investigan.
De hecho, aunque amparados por alarmantes vacíos en la ley, es de lo más extraño que empresas con antecedentes tan nefastos continúen presentándose –y peor aún, ganando– a licitaciones públicas como si las investigaciones que las involucran nada tuvieran que ver con ellas. Viniendo de un consorcio extranjero, casi una falta de respeto por el ordenamiento jurídico del país.
La responsabilidad debería quedar en manos del Congreso, en el sentido de que deben revisarse las normas de contratación pública para determinar otras exclusiones de concursos o adjudicaciones directas. Claro que, como en cualquier investigación por temas de corrupción, hilando fino para evitar afectaciones a la legítima presunción de inocencia.
Tratándose de un caso que incluye a un nutrido grupo de legisladores que prácticamente no tienen otra filiación ideológica que la de sus intereses particulares –tan pronto votan con una bancada, como votan después al lado de otra, de sino totalmente opuesto– podría pensarse que la demora en promover estos ajustes en el reglamento de contrataciones del Estado tiene una explicación. Y no precisamente una que honre a la institución parlamentaria.
Otoronguismo o no, la realidad es que la norma presenta un forado por el cual pueden colarse, sin ninguna restricción, toda clase de zamarros y prontuariados. Es hora de que eso termine y de una buena vez.
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