Desde el crimen organizado hasta la delincuencia común, pasando por la minería ilegal y sus vicios asociados, como la trata de personas y el narcotráfico, el sicariato y la extorsión ya no sorprenden. Estas actividades ilícitas se han vuelto parte de la cotidianidad, mereciendo apenas unos pocos minutos en los noticieros nocturnos y, tal vez, un escueto titular en los diarios.
Hace una semana, los transportistas organizaron un paro en el que exigían protección contra los ataques de mafias que les exigen el pago de cupos, y que no son los únicos extorsionadores. También, existen otros actores: los municipios, de quienes depende la autorización para el funcionamiento de un negocio. Un muchacho que había hecho todo un esfuerzo para abrir un local de comida rápida me comentó, con total naturalidad, que el pago de una coima al municipio era simplemente uno de los pasos necesarios para su emprendimiento. Ya ni siquiera hay indignación, solo resignación: si quería abrir, tenía que pagar.
La delincuencia se ha convertido en el problema que más afecta a las personas en el Perú, uno en el cual no pueden pelear solas y cuyo combate necesita de la participación y liderazgo de las autoridades. Se ha dejado crecer este problema a fuerza de ignorarlo como si se fuera a resolver solo. Así, el Perú se ha ido convirtiendo en un lugar peligroso para vivir, donde los ciudadanos pierden la batalla y van cediendo espacios que no pueden defender solos. Por ello, se convocó al reciente paro, y uno nuevo como pedido de auxilio desesperado.
La solución debería comenzar con la prevención, seguida por la identificación, captura y encarcelamiento de los criminales cuando corresponda. Sin embargo, la historia no termina allí. Las noticias que escuchamos todos los días sobre el comportamiento de los fiscales y el sistema de justicia en general hacen difícil confiar en que estos actores “enderezarán” la administración de justicia. Tal parece que estamos perdiendo el país ante la delincuencia.
La desesperación es tal que muchos reclaman por una intervención similar a la de Bukele en El Salvador, donde el problema de la delincuencia se ha resuelto básicamente metiendo a la cárcel a todos los sospechosos, sin importar las garantías de los derechos humanos.
La conclusión es que esta medida ha resultado efectiva y probablemente quien ofrezca algo similar en el Perú cosechará una cantidad importante de votos en las próximas elecciones. A problemas extremos, medidas extremas, se dice; pero también es un gran riesgo que, cada vez más, estamos dispuestos a asumir.
