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Con patrulleros y arrestos no basta
“Si Barrio Seguro se llevara de manera sostenida en el tiempo, podríamos ver en el mediano y largo plazo algunos buenos resultados”.
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Uno de cada cuatro peruanos es víctima de un delito; la cifra puede sonar fría y distante hasta que te toca. Para mí, las alarmas se encendieron violentamente años atrás cuando, en un asalto, un joven delincuente le arrancó a un querido primo el vehículo y la vida con un tiro al corazón. Nunca se ubicó al criminal. Desde entonces, el crecimiento de la delincuencia ha sido sostenido.
Vivimos en alerta y a la defensiva. Estamos entre rejas, cercos eléctricos y sirenas, bajo la amenaza de ‘raqueteros’ o extorsionadores. Sentimos que estamos a merced del hampa y que no llega la autoridad que ponga freno a esto.
La región La Libertad, donde la criminalidad ha llegado a niveles insospechados (ahí han muerto baleadas 42 personas en lo que va de 2019), fue el escenario donde el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ha ofrecido incrementar el número de policías y patrulleros en las calles. Pero sabemos que ello, así como la construcción de cárceles, no es suficiente para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.
Menos publicitado pero relevante ha sido el anuncio de la resurrección del programa Barrio Seguro, una estrategia multisectorial contra el crimen que se oficializó en 2017 y que quedó a medio camino por la crisis política. En las zonas donde el delito es una forma de vida, los barrios calientes, enfrentarlo implica un trabajo multisectorial desde educación y salud, hasta vivienda, trabajo, diagnóstico y tratamiento de violencia familiar, así como cultura.
Los periodistas olvidamos muchas veces analizar en qué estamos al respecto y nos perdemos entre las cifras ‘de impacto’ inmediato, las dotaciones de armas y patrulleros, las cárceles, los arrestos y ¡a la reja todos!. Pero qué hacemos para prevenir el delito. A propósito de lo que implica un programa como Barrio Seguro, recordé una iniciativa privada precisamente cerca de una zona caliente del norte, la Casa Luz Echevarría, en Salaverry. La abrió Patricia Zevallos, una abogada a la que, en su despacho del Poder Judicial en La Libertad, la consternaba procesar cada vez más delincuentes juveniles; encontraba un patrón al escuchar sus historias y constatar el abandono o precariedad afectiva y educativa en la que crecieron. Con esa vida, ser aceptado en una pandilla o una banda era encontrar pertenencia y un camino, aunque este fuera torcido. La casa en Salaverry hoy está cambiando la vida de niños y familias, en especial de sus madres, con un espacio para tareas, desarrollo artístico, empoderamiento y experiencias culturales que ellos veían como algo inaccesible. Veo este caso y pienso que si Barrio Seguro se llevara de manera sostenida en el tiempo y con los recursos del Estado debidamente ejecutados, podríamos ver en el mediano y largo plazo algunos buenos resultados.
Me decía el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Augusto Vega, que la prevención social es clave y una labor a nivel de casa, familia y colegio en los barrios peligrosos de alta incidencia delictiva. La actividad de los diferentes organismos del Estado es fundamental. Como también lo es el involucramiento de los privados: desde el más chiquito como tú o yo, hasta el empresario más grande.
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