Amigos y amigotes

Ante la alarmante desidia del Ejecutivo y del Legislativo para definir la fecha del adelanto de elecciones, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, declaró anteayer que su país desea que Boluarte y el Congreso acuerden el adelanto electoral que inicialmente ofrecieron.

Si bien Nichols, aclaró ayer mismo sus propias palabras emitidas el día anterior: “EE.UU. apoya las elecciones libres, justas y un proceso político pacífico en el Perú, con respeto por los DD.HH. y el estado de Derecho. El gobierno y el pueblo del Perú decidirán el momento de sus elecciones”.

Es evidente que el gobierno de Joe Biden comprende el clamor de la ciudadanía en nuestro país, pues, según prácticamente todos los sondeos de opinión que se han realizado tras la fallida intentona golpista de Pedro Castillo, la gran mayoría pide adelanto de elecciones.

Sin embargo, hay una diferencia entre esta y otras manifestaciones hechas por mandatarios de la región. Las palabras del subsecretario del Departamento de Estado para América Latina han sido respetuosas y sin desconocer la legitimidad ni la constitucionalidad del mandato de la actual gobernante.

Muy distinto, por cierto, a la postura de los gobernantes populistas o izquierdistas que anteriormente, como se dice, metieron la cuchara en el tema. No solo por el lenguaje altisonante que emplearon, sino por su grosero (o interesado) desconocimiento de los hechos, así como de la realidad y la Constitución de nuestro país.

Y en alguno de esos casos, más que una preocupación por la democracia o los derechos humanos en el Perú –algo legítimo y comprensible en el contexto de los violentos desórdenes sociales que se produjeron en el sur andino– lo que inocultablemente se intentaba era manipular la verdad de lo sucedido y favorecer a quien había querido socavar el orden democrático. Es decir, lavarle la cara y elevar a condición de mártir a un expresidente que intentó dar un golpe de Estado para salvarse de los incontables y documentados cargos de corrupción que iban acumulándose en su contra.

Por ello, este diario saluda que se haya presentado ante la OEA una carta suscrita por 118 parlamentarios de 14 naciones donde se denuncia una campaña internacional para desestabilizar al Perú. Un pronunciamiento que, como el del gobierno de los EE.UU. es respetuoso, oportuno y –sobre todo– pertinente.