Pensiones mochadas

Cifras de escándalo y de indignación. Según informó Perú21 esta semana, hay 2,728 instituciones abusivas, en los tres ámbitos de gobierno, que no han depositado los aportes de sus trabajadores destinados a sus pensiones en las AFP afectando a 431,936 personas, a las que han perjudicado en su rentabilidad.

Lo que significa que el dinero que les retienen a estos trabajadores estatales no ha sido depositado en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), con lo que los están perjudicando en su rentabilidad, lo que afectará sus pensiones futuras, pues cuando se jubilen tendrán un fondo menor y, por lo tanto, una menor pensión. Un perjuicio que podría ser irreparable para servidores públicos ajenos al destino y a cómo se manejan esos descuentos en sus boletas de pago.

En total son más de 12 mil millones de soles que debe el Estado a sus trabajadores. Una cifra ominosa, tratándose de un sector que precisamente debería dar el ejemplo, es decir, el Estado. Algo del daño puede corregirse todavía a través de un programa especial, REPRO - AFP, que posibilita que estas entidades se pongan al día, pero se debe actuar de inmediato. Así, miles de afiliados podrían recuperar parte de la rentabilidad de sus aportes, rentabilidad que hubieran obtenido, de haber sido sus aportes, abonados oportunamente.

No hace mucho el Congreso aprobó, incluso, una ley que impone una pena de hasta seis años de prisión a los empleadores que se apropien de los fondos de pensiones y salud de sus trabajadores.

En el Congreso se han empecinado en torpedear al máximo el sistema privado de pensiones, autorizando hasta seis retiros de fondos de la AFP (y ya se ha planteado un séptimo), poniéndolo prácticamente contra las cuerdas; sin embargo, a temas tan graves como este no le prestan mayor atención, aun cuando afecta a un enorme número de servidores públicos.

Aun cuando todo indica que se trata solo de incompetencia pura y dura, igual es un hecho que debe ser investigado y sancionado. Como ha dicho el exministro David Tuesta, si el Estado no puede ocuparse de algo tan sencillo se pueden buscar otros mecanismos, por ejemplo, recurriendo a las instituciones bancarias para que se encarguen directamente de la retención de estos aportes.

No es posible que el Estado sea el primero en incumplir la legislación laboral. El Estado es quien fiscaliza que las empresas cumplan esta legislación y en este caso es él mismo quien la incumple tan impunemente.

La política del “perro muerto” siempre es condenable. Pero más aún cuando es contra trabajadores que ven mermados sus ingresos con la esperanza de asegurar un fondo previsional para su vejez.