La protesta de esta semana organizada por gremios de transportistas, comerciantes, construcción civil y universitarios ha sido una muestra más del hartazgo de la población ante el fracaso de las medidas implementadas por el Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad.
El reclamo es muy claro: poder trabajar en paz, sin ser extorsionados y en riesgo de ser asesinados. Es un clamor que cualquier Estado de derecho debería tener la capacidad de garantizar. Sin embargo, el Gobierno no ata ni desata y recurre a las mismas medidas inútiles que aplica desde hace meses, como los estados de emergencia. Esta situación, que agobia a la capital y a las regiones, erosiona los cimientos del crecimiento y desarrollo que se lograron en las últimas décadas en nuestro país.
En el colmo de la desafección, la protesta fue infiltrada por grupos radicales cuyo objetivo no es solucionar la inseguridad, sino ahondar la crisis institucional que vive el país. En la marcha de esta semana se infiltró el Comando Nacional Unitario de Lucha, que tiene nexos con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. También intentaron treparse partidarios de Nuevo Perú, de la aliada de Pedro Castillo, Verónika Mendoza. Y lo mismo hicieron simpatizantes del sentenciado por homicidio, Antauro Humala: todos intentando captar la atención de la opinión pública.
Estas infiltraciones empañan las expresiones de los ciudadanos y su derecho a manifestar su hartazgo. Estos inescrupulosos políticos de izquierda deberían dejar de utilizar las necesidades de la sociedad para imponer su agenda política. De ahí solicitudes como el adelanto de elecciones —faltando menos de año y medio para los próximos comicios—, o la restitución del golpista Pedro Castillo. Peticiones que lejos de sumar a los reclamos por mayor seguridad y garantías ciudadanas, polarizan y politizan una causa legítima.
La población debe permanecer alerta, ante la falta de respaldo popular, los radicales buscarán siempre colgarse de los reclamos mayoritarios e infiltrar las marchas pacíficas.
Por otra parte, el Gobierno no puede continuar con la venda en los ojos y pretender que el país “está en calma”, como repite como mantra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Esta negación, sumada a la minimización que hace el Ejecutivo de las manifestaciones, sirven como caldo de cultivo para que los extremistas pretendan canalizar el hartazgo y el miedo de los ciudadanos en su propio beneficio.
