El pretendido cambio de identidad visual de la empresa estatal Petroperú, por el prurito de su presidente Alejandro Narváez, no hace más que confirmar el hilo conductor de una atávica deficiente gestión, signada por la estulticia y la corrupción.
La situación no pasaría de ser un repudiable hecho anecdótico, si no fuera una constante en el manejo de la cosa pública.
Entre otras imprecaciones, hace un tiempo atrás, la petrolera estatal gastó la friolera de S/8.76 millones para promover su nueva imagen en consultoría, servicios en agencias publicitarias, para imponer el logotipo que la caracteriza actualmente, la que fue implementada entre el año 2020 y 2021, en plena pandemia.
La desfachatez de reincidir en lo mismo, evidencia que la nueva gestión resulta siendo un fiasco; en tal sentido, reafirmó lo que sentenciaba en una columna anterior “el mesías redentor no llegó; pues, a la cabeza un militante de la atávica izquierda - opaco expresidente, y de gerente un recalcitrante sindicalista, paladín de un gremio que siempre remó contra la empresa para satisfacer intereses subalternos en nombre de un mal llamado clasismo, que vivió como sanguijuela de la savia de la empresa”. Aquí recobra validez la frase “solo Dios y los imbéciles no cambian”, el sentido común de la expresión está referida a que Dios no cambia por su divinidad, mientras los imbéciles no cambian por su obtusidad y tara que no les permite distinguir entre el bien y el mal.
Petroperú es un enfermo terminal, ha perdido grado de inversión, con el consecuente cierre de líneas de crédito, debido a su calificación crediticia de grado especulativo, su única opción es recurrir a permanentes transfusiones de recursos fiscales; sangría que termina afectando el equilibrio fiscal; y, en todo caso recurriendo al artificio perverso de impeler a otras instituciones del Estado como el Banco de la Nación, a transferir recursos poniendo en riesgo su estabilidad. Sin embargo, por angas o por mangas son recursos del fisco. Un dato adicional para quienes todavía tienen duda, en 2024 la petrolera reportó pérdidas por más de US$804.9 millones y el Estado ha desembolsado cerca de S/20,000 millones en aporte de capital, líneas de crédito y suspensión de pagos de impuestos para sostenerla, según da cuenta este mismo diario.
El caso de Petroperú no es un hecho aislado, como regla general en un país con instituciones políticas débiles, poderes mediatizados y corrupción estructural, las empresas del Estado no funcionan, salvo honrosas excepciones (cajas municipales, banco de la nación, etcétera). El Estado debe cumplir un rol promotor del desarrollo de la economía, siendo su rol esencial en salud, educación y prevención social, teniendo como norte, la construcción de un Estado de bienestar, el mismo que debe soportarse en una economía social de mercado inclusivo, destinado a cerrar brechas.