[OPINIÓN] Jose Luis Gil: “Canon por la seguridad ciudadana”

La grave situación de la inseguridad ciudadana y el descontrol de las diversas expresiones del fenómeno criminal en el país, han puesto en jaque a los ciudadanos, y a las autoridades encargadas de combatirlos. Sin embargo, los actos de heroísmo mostrados por jóvenes oficiales y suboficiales PNP, enfrentando criminales irrecuperables —como ‘Maldito Cris’, ‘camarada Carlos’ (VRAEM) y otros—, si bien son ejemplo para sus compañeros, no son suficientes para mitigar la legítima indignación y temor ciudadanos.

La gravedad del asunto tiene diversas causas, entre ellas, el “manoseo” pernicioso que la progresía le infligió a la fuerza policial descabezando de manera reiterada e irracional a la institución, la relativización del uso de la fuerza, la falta de recursos para infraestructura, criminalística, tecnología de las comunicaciones, plataformas de interceptación telefónica y de redes con autorización judicial, falta de entrenamiento, falta de logística y falta del armamento adecuado. Esta situación requiere medidas radicales, audaces y eficaces, es decir, un golpe de timón y apostar por un shock de inversiones para la seguridad ciudadana. ¿Tendrá estrategia el gobierno?, esperemos que sí.

Por eso, desde esta tribuna, proponemos a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República, tomar la decisión política de asignar el 2% del canon minero y energético para invertirlo en implementar a la PNP en la lucha contra todo tipo de crimen, en especial, el delito callejero. Si bien es cierto existe el Fondo FF.AA. y PNP creado por Ley 28455, manejado casi de manera exclusiva por las FF.AA., que fue modificado para incrementar los ingresos con la incorporación de regalías percibidas por el gobierno nacional de los Lotes 57 y 58 de Camisea, estos no se han ejecutado hasta hoy, y, por eso es conveniente crear un fondo exclusivo para la PNP. Esta es la salida a la crisis de seguridad. Ahora, la pelota está en su cancha, señores.

Es necesario mencionar que, en los últimos 3 años (2021-22 y 23), las diversas regiones han recibido un aproximado de 20 mil millones de soles de canon, de los cuales, han devuelto al Estado más del 40% por incapacidad para el gasto. Según el Ministerio de Energía y Minas, del 60% ejecutado, la gran mayoría ha sido en obras de poca trascendencia. Tampoco debemos olvidar lo expresado por el contralor Nelson Shack, quien dijo que solo en 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo, se lapidaron 23 mil millones de soles en corrupción del Estado. Hay que ponerle fin a esta nefasta etapa.

Desde esta columna no planteamos el modelo chileno (Ley Reservada del Cobre de 1958, que tuvo muchos cambios hasta volverse partida secreta para las FF.AA. chilenas, hoy derogada), por el contrario, el país cuenta con los mecanismos de control como Contraloría, el Congreso, jueces y fiscales y el sistema de inteligencia nacional, para garantizar el uso adecuado de esos recursos. En sus manos está, señora presidenta Dina Boluarte, señores congresistas de la República. La seguridad ciudadana y el país esperan. ¡Sí se puede!