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Pobreza, exclusión y violencia

“Las comunidades no son escuchadas y el Estado intenta imponer soluciones a los problemas de manera vertical, lo que agudiza la conflictividad”.

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Esta semana, cientos de productores de papa han tomado las carreteras de Junín, Huánuco, Ayacucho y Huancavelica, esperando así ser escuchados por el Estado. La violencia desatada ha cobrado la vida de dos peruanos: Celestino Flores, en Pasco, e Irineo Coriñaupa, en Huancavelica.
En el Perú, el 48% de la población de la sierra rural vive debajo de la línea de la pobreza. Esto es, aproximadamente, uno de cada dos peruanos del área rural es pobre. El 23% de los cajamarquinos son pobres extremos, viven con menos de S/176 mensuales per cápita. Estas poblaciones están en estado de abandono y pese a los programas sociales del gobierno, el 45% de los peruanos que viven en el área rural presenta déficit calórico, lo que significa que su alimentación es inferior al mínimo de subsistencia. El 40% de la población rural no tiene acceso a agua por red pública y el 55% no tiene acceso a saneamiento. El Estado peruano ha sido incapaz de atender a estas poblaciones.
El Estado tiene la obligación de atender a sus ciudadanos, por ello debe llegar a todas las provincias y municipalidades del país con información correcta y certera.
La presencia del Estado en cada uno de los municipios del país es una necesidad para el Perú, una obligación del gobierno y un derecho de los ciudadanos.
Los conflictos sociales se producen por la falta de atención de las necesidades de las comunidades. No solo no existe presencia del Estado, sino que la débil democracia peruana no ha logrado instaurar mecanismos adecuados a través de los cuales los ciudadanos pueden hacer saber al Estado cuáles son sus necesidades e intereses.
Las comunidades no son escuchadas ni tratadas con respeto, y el Estado intenta imponer soluciones a los problemas de manera vertical, lo que agudiza la conflictividad y la percepción de abandono.
A principios de enero, el presidente anunciaba: “Con diálogo fructífero se logró un acuerdo en beneficio de los productores de papa del país. Gobiernos regionales comprarán excedentes. Y se instalará una mesa técnica”. Claramente no funcionó.
El vacío existente permite que ese espacio sea tomado por líderes radicales que buscan, a través de información falsa (“el problema es la importación de papa de Holanda”) y la violencia, agudizar los problemas de los pobladores, utilizando esta última como mecanismo de negociación.
Todo haría indicar que solo así las poblaciones en abandono logran aparecer en el mapa de San Isidro.