Populismo irresponsable

Fecha Actualización

02/08/2023 - 08:49

“La discusión no es si eres de izquierda o de derecha, la discusión es si eres o no populista”, una frase ilustrativa del excanciller José Antonio García Belaunde, en la entrevista publicada por Perú21 el último domingo, que grafica el daño que se le puede hacer al país –o a los vecinos de una jurisdicción local o regional— con decisiones u ofrecimientos de este corte, sin que importe la filiación ideológica de quien lo haga.

El tema viene a colación por lo que está pasando en el cono norte de Lima, donde el alcalde de Puente Piedra y otros colectivos vienen azuzando a los vecinos de la zona para que se movilicen en contra del peaje instalado en ese distrito por la empresa concesionaria Rutas de Lima, para que sea desmontado de una vez por todas.

Pero la figura central del desaguisado –que puede tornarse violento en cualquier instante, como ya ocurrió antes– es el burgomaestre capitalino Rafael López Aliaga. El líder de Renovación Popular y hoy alcalde metropolitano, como se recuerda, ofreció en su campaña anular ese contrato alegando que nació en el marco de un proceso corrupto.

Una vez ungido alcalde, López Aliaga declaró la caducidad de la concesión y, como era obvio, la empresa fue a un arbitraje internacional, logrando una medida cautelar que ahora él pretende desconocer.

Lejos de acatar el dictamen, el burgomaestre siguió prometiendo esa anulación en mítines y conferencias de prensa advirtiendo públicamente a la empresa que a la medianoche del 29 de julio procedería a recuperar ese peaje.

El desatino no se concretó –suponemos que aconsejado por sus asesores– pero lo que sí ha sucedido es que ha puesto a todo un distrito en pie de guerra. Y las amenazas contra la instalación están escalando no tan disimuladamente.

Desde el punto de vista jurídico y económico, la situación se antoja compleja, pues una medida de tal naturaleza implica atentar contra la seguridad jurídica del país, tan necesaria para atraer inversiones.

Es cierto que existe un reclamo social que es difícil soslayar. Lo vergonzoso y condenable, sin embargo, es que no se hayan explorado otras soluciones antes de intentar patear el tablero. Y sorprende más aún siendo el alcalde un empresario, es decir alguien que no ignora la importancia de atenerse a las normativas vigentes, sobre todo tratándose de una economía como la peruana en extrema necesidad de expandirse y fortalecerse.

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