La campaña de “Por estos No” tiene que ser un estandarte durante todos los meses previos a la elecciones presidenciales y congresales del próximo 12 de abril. Tiene que ser una cruzada nacional que permita generar conciencia cívica en la ciudadanía para responder masivamente al pacto mafioso que ha tomado por asalto el Estado. Ya no podemos seguir soportando tanta infamia e ignominia de esta clase política que degrada la función gubernamental y nos está llevando al garete.
La mejor lección que podemos dar los peruanos a todas las bancadas del Congreso —que hoy se sienten enseñoreadas— es no permitir que ninguno de estos miserables se reelija; al contrario, deberíamos sancionarlos con nuestros votos, sin siquiera permitirles pasar la valla, para que puedan responder ante un tribunal de justicia.
Es un momento crítico el que vive nuestro país. Nos encontramos frente a un golpe de Estado progresivo que está destruyendo la institucionalidad de la patria y tiene ahora arrinconado hasta al sistema de justicia. Esto ocurre porque se han copado las principales instituciones de Estado con indeseables y hasta delincuentes de cuello y corbata que pretenden distorsionar la realidad, tirarse abajo los procesos judiciales que los incriminan y, sobre todo, imponernos una narrativa de negación de todas sus patrañas y delitos cometidos.
Son tan sinvergüenzas que sus alfiles pretenden desaparecer a los equipos especiales de la Fiscalía, quienes han tenido el mayor éxito en la lucha contra la corrupción y las bandas organizadas que asaltan al Estado desde sus espacios de poder. Pretender desactivar los equipos especializado de la Fiscalía que tiene los casos Lava Jato, Cuellos Blancos, y sobre todo el Eficcop, nos muestra que estos delincuentes que están en el poder van por todo descaradamente. No se conformaron con desaparecer y descabezar la Diviac; ahora el objetivo es tomar por asalto al Ministerio Público, y lo están logrando.
Por eso, es determinante que los ciudadanos levantemos nuestra voz de protesta. Lo podemos hacer masivamente el próximo 12 de abril, cuando estos miserables reciban una cachetada del pueblo si no les permitimos reelegirse y, mejor aún, si sus partidos no pasan la valla electoral. De esta manera, desaparecerán y los tendremos en la mira de la justicia, porque deben pagar todos los delitos que han cometido en función, desde congresistas y magistrados de la JNJ y el TC hasta la Defensoría del Pueblo. Podríamos ver en la cárcel a los fiscales supremos que han sido repuestos con resoluciones truchas y prevaricadoras.