Después de más de 100 días de mutismo frente a los medios de prensa, la jefa de Estado, Dina Boluarte, rompió su silencio y lejos de mostrarse asertiva, máxime su desbordante desaprobación del 92% según recientes encuestas nacionales, lució, en mi opinión, a la defensiva, sarcástica y poco empática frente a la descarnada inseguridad ciudadana que viene afectando el derecho a la vida y a la libertad de trabajo de los peruanos sin distinción.
Ciertamente, gobernar un país es un tema complejo, pero cuando se hace con transparencia, dando la cara al país continuamente y cumpliendo con la rendición de cuentas, sin intermediarios ni voceros oficiosos, entonces el desgaste político será menor. Si hay algo que castiga el ciudadano de a pie es la soberbia de sus gobernantes, la indiferencia ante sus problemas y el ser ninguneado o restringido en el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente el de la protesta, reconocido como tal por el propio Tribunal Constitucional en julio de 2020, en el expediente N.o 00009-2018-AI/TC, siempre, claro está, que se ejerza de forma pacífica.
El objetivo de la conferencia de prensa del martes pasado era, claro, contrarrestar a priori la magnitud del paro nacional de ayer miércoles 23, cuya cabeza del ángulo era la protesta ciudadana por la ola de extorsiones y sicariato que va cobrando la vida de 1,493 personas en el país a la quincena de octubre de 2024, según cifras oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).
La mandataria —y cierto sector de la clase política— pretendió, y aún pretende, colgarle a las manifestaciones el sambenito de “protestas políticas”. ¿Perdón?, ¿es que no se han enterado de que el ejercicio de crítica, de disconformidad y, en su caso, de petición de las masas hacia sus gobernantes son fenómenos sociopolíticos?
Si durante las movilizaciones se cuelgan petitorios de otros sectores o si cuestionados políticos pretenden aparecer como sus grandes artífices, nada de esto desacredita las protestas sociales, así como tampoco el que dirigentes de gremios tengan afiliación a un partido o agrupación política —como se escandalizan también en las redes sociales—, dado que el participar de forma individual o asociada en la vida política de la Nación es otro derecho fundamental de las personas (artículo 2, numeral 17 de la Constitución), y quien fustigue que alguien quiera ejercer activamente su ciudadanía nada sabe de democracia.
Si la presidenta Boluarte se cree los aplausos de las portátiles que les llevan gobernadores y alcaldes al interior del país, asumiendo que son espontáneos, y no reacciona y corrige el rumbo, pronto el Congreso, poder que la sostiene, fiel a sus intereses, le aplicará “mirada de desprecio”... ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver!
