El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue impedido de viajar a Estados Unidos, a pesar de que no tenía impedimento de salida del país. Un claro, pero nada novedoso, abuso.
Al exmandatario se le impuso impedimento de salida del país al día siguiente que dejó Palacio; esa misma semana allanaron sus propiedades. Su casa en Cieneguilla ha sido vandalizada hasta los cimientos, mientras que la otra está en estado de abandono. ¿Quién se hará cargo de eso? ¿No era mejor prohibir que se puedan vender o transferir, pero que el dueño mantenga la posesión?
Pero lo más grave de este caso es el notorio abuso de derecho. PPK lleva más de 7 años sin poder salir del país, con bienes incautados. Al inicio ni siquiera se le permitía dar entrevistas, bajo amenaza de prisión preventiva. Todo esto sin que ni siquiera haya una sentencia.
Por su parte, el teatral fiscal Pérez ha pedido que al acusado de 86 años lo condenen a 35 años de prisión. El Poder Judicial le ha devuelto varias veces la acusación por estar mal hecha. Encima de ello, postuló para ser juez superior y no aprobó el examen. Pero si alguien cuestiona a este fiscal, es “aprofujimorista”. Como si los jueces y fiscales no fuesen funcionarios públicos a los que se les puede exigir rendición de cuentas.
Las arbitrariedades contra PPK también las sufren personas comunes y corrientes en todo el Perú. Esto no se trata de simpatías, sino de dejar de ignorar el peligroso monstruo fiscal y judicial. Kuczynski lleva casi una década con medidas restrictivas, con bienes incautados, dinero congelado y sin ver a su esposa. Es decir, primero le han hecho cumplir la condena y luego recién lo sentencian.
Cuando la Fiscalía y el PJ dejen de comportarse como un reality show obsesionado por la audiencia, se entenderá la magnitud de las atrocidades legales que se avalaron.