La Privatización del Estado

“La Gran Transformación”, el plan de gobierno de Ollanta Humala, ofrecía acabar con lo que se conoce como la privatización del Estado. Esto es, el control del Estado por intereses privados. Luego llegaría de la mano del marqués y la reserva moral del Perú, la Hoja de Ruta y la lucha contra la privatización del Estado sería dejada de lado.

El mercantilismo es la generación de rentas o privilegios en favor de ciertos sectores que tienen acceso al poder político para lograr beneficios económicos en perjuicio del resto. Un ejemplo de esa captura de rentas o privilegios es la creación del dólar MUC en el gobierno de García I, un dólar subsidiado otorgado solo a algunas industrias para compensar supuestos sobrecostos y que generó pequeñas fortunas a costa del Estado. O los aranceles para beneficiar a los polleros, o la ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado hecha a medida de las empresas brasileras y sus socias peruanas que impide la entrada al mercado de cualquier otra empresa extranjera.

El mercantilismo implica el acceso del poder económico al poder político, para influenciarlo y lograr normas que lo beneficien, en desmedro de los consumidores, el erario y el país. Sin embargo, la privatización del Estado y el mercantilismo no se limita a beneficios económicos.

Otro tipo de captura es la del control político sobre las entidades del sector justicia para evitar investigaciones y sanciones. Un ejemplo de ello: el caso Lava Jato. ¿Qué pasó con la Fiscalía de la Nación, que tenía desde hace más de un año información sobre las socias de Odebrecht: Graña, ICGSA, JJC? ¿Y Susana Villarán? ¿Y Toledo? Recordemos el mensaje de Eliane Karp al presidente cuando se descubrieron los US$20 millones pagados por Odebrecht: “No me hagas hablar, yo sé lo que hiciste la última vez”. Alguien habría tenido la capacidad de frenar a la Contraloría y acallar a la Fiscalía.

Y todo parecería indicar que la estrategia del fujimorismo de iniciar una investigación contra Pablo Sánchez habría rendido frutos. A raíz de ello, y pese a que se dijo que el objetivo era impedir la investigación a Joaquín Ramírez, daría la impresión de que ha sido la amenaza de investigación contra el fiscal de la Nación lo que ha logrado que la Fiscalía comience a trabajar y de pronto allane casas, haga pública información guardada hace meses e incluya a las constructoras en el proceso judicial.