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Punto para Perú
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En una decisión que toma distancia de las posiciones recalcitrantes de los gobiernos de México y Colombia, y a pesar de que su gobernante es también de izquierda, Chile ha expresado su respaldo al Perú ante el bullying diplomático-económico con el que estos dos jefes de Estado pretenden restarle legitimidad al mandato constitucional de la presidenta Dina Boluarte.
En efecto, representantes oficiales del país vecino, que también participa del mismo tratado, han ofrecido incluso mediar entre las partes en conflicto para lograr un “acuerdo” sobre la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que AMLO se resiste a entregar debido a sus lazos ideológicos con el golpista Pedro Castillo.
“Hemos apoyado el derecho del Perú a ejercer la Presidencia de la Alianza del Pacífico, pero estamos hablando de un proceso de integración que reúne a cuatro países y lo importante es que exista consenso entre los cuatro países. Lamentablemente, ese consenso no está presente”, explicó el canciller chileno Alberto van Klaveren.
Lo que desde un inicio debió de ir por rutas separadas –integración económica y posiciones políticas– se contaminó de la verborrea de López Obrador y Gustavo Petro. Dos mandatarios que continúan empecinados en desconocer los lineamientos establecidos por la Constitución del Perú sobre la sucesión presidencial en caso de un intento de ruptura del ordenamiento legal.
Estos líderes populistas han debilitado seriamente las relaciones entre sus países y el Perú al convertir irresponsablemente sus rollos políticos en un tema de Estado para ellos. Una conducta que afectará, como ya se ha dicho, a 230 millones de personas que integran el mercado de las cuatro naciones, que juntas representan el 40% del PBI de América Latina y el Caribe.
El gobierno chileno decide así sumarse al reconocimiento de otras democracias de la región –incluyendo la de Brasil, por mencionar otro gobierno de izquierda, que nada ilegal vio en la defenestración y posterior cárcel del expresidente Castillo– que han manifestado que el mandato de Dina Boluarte es perfectamente legítimo y que la democracia peruana, pese a los problemas que la asedian, es saludable.
Las relaciones económicas entre los pueblos de México, Colombia y Perú no deberían ser empañadas por el capricho de dos demagogos cuyas obcecadas imposturas ponen en evidencia el profundo desprecio que, más allá de los discursos políticos, sienten por la democracia.
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