Lo advertimos. Inmediatamente después de que cinco magistrados del Tribunal Constitucional liberaran a Betssy Chávez, al emitir una sentencia que anulaba la prisión preventiva que cumplía, publicamos una portada en la que anotamos que su fallo constituía una traición a nuestra frágil democracia. Una democracia golpeada y mancillada necesita que sus instituciones jurídicas y sus tribunos actúen en consecuencia y con sentido de la proporcionalidad.
Un golpe de Estado no es una falta común. Es un delito gravísimo de abuso brutal de poder que atenta contra la Constitución, la ley, el derecho y la libertad de los ciudadanos. Y su gravedad jamás debe soslayarse.
Los tecnicismos legales o las leguleyadas que admitieron los cinco magistrados del TC para liberar a Betssy Chávez fueron vergonzosos, en medio de las fechas que ajustaron para contar los días que según ellos excedían los plazos, estaba la Navidad. Fue evidente que lo que querían era emitir un fallo que les hiciera la camita del que luego emitirían: el del caso cocteles. Una vergüenza total.
Los magistrados Gustavo Gutiérrez, el ponente de la causa de la señora Chávez, Helder Domínguez, Pedro Hernández, Francisco Morales y César Ochoa deben responder por las consecuencias de su fallo. ¿No consideraron acaso la posibilidad de que la golpista se diera a la fuga, o se asilara como lo hizo ayer? Estos cinco magistrados deben hacerse responsables y pagar por sus decisiones.
No se trata de una anécdota, lo dijimos en estas páginas: “El activismo antidemocrático de su beneficiada fue evidente y flagrante. Su participación en el golpe no se puede negar y la violencia que desataron sus seguidores ante su fracaso, tampoco”. Hubo decenas de fallecidos. ¿Esas vidas no importan nada? Son Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres corresponsables, ellos condujeron a esas personas a la muerte.
También debe responder y ser denunciado Raúl Noblecilla, el abogado defensor y cómplice de la ahora prófuga. Él se presentó en la audiencia del 23 de octubre con un certificado médico de la Clínica Chorrillos en el que decía que su defendida sufría de bronquitis y debía guardar descanso entre los días 20 y 25 de dicho mes. La siguiente semana Betssy Chávez tampoco acudió a la nueva audiencia programada.
Entre tanto la Corte era informada por la clínica de que el médico que había firmado el certificado presentado por el abogado no trabajaba allí y que el documento era falso. En esa audiencia, la del 28 de octubre, los jueces suspendieron a Noblecilla. Ese día el abogado montó un berrinche, ahora se sabe, evidentemente mediático. Hoy dice que no sabía nada del asilo que buscaría Chávez en la embajada de México. Por cierto, Noblecilla se postula como vicepresidente de José Luna Gálvez para 2026, esa es la clase de candidatos que presenta el partido político Podemos Perú.