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¿Qué puede afectar a los gobiernos?
“La efectividad de cualquier nivel de gobierno, sea este local, regional o nacional, puede verse menoscabada fundamentalmente por dos problemas que, de no corregirse, podrían erosionar y desestabilizar su marcha”.
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A propósito del inicio de la compra de kits, para llevar a cabo la revocatoria de alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros, cabe reflexionar sobre un concepto que pareciera ser un factor común: la poca efectividad para gobernar y la consiguiente insatisfacción de los gobernados.
La efectividad de cualquier nivel de gobierno, sea este local, regional o nacional, puede verse menoscabada fundamentalmente por dos problemas que, de no corregirse, podrían erosionar y desestabilizar su marcha. Nos referimos a la corrupción y/o la falta de capacidad, siendo que esta última situación muchas veces se ve nutrida por la ausencia de meritocracia, tan común en el sector público del país.
La corrupción y la falta de capacidad para servir al ciudadano, por lo general, coexisten y, cuando están en un mismo plano, se retroalimentan trayendo como consecuencia un menor desarrollo territorial y humano, producto del mal uso, o desvío de recursos. Esto, a su vez, afecta el sistema de gobernanza tornándolo débil sin que se tenga la agilidad para perseguir y sancionar ejemplarmente la corrupción, tal como ha venido sucediendo en el Perú, lo que trae otra consecuencia ulterior: que la ciudadanía pierda la credibilidad en sus autoridades con la consiguiente desazón.
La corrupción y la falta de capacidad impiden gestionar eficientemente los recursos y hace más difícil la administración del gobierno, distrayendo la posibilidad de desarrollar políticas públicas, sostenibles, que resulten esenciales para los ciudadanos.
La corrupción y la falta de capacidad son barreras para el desarrollo y el bienestar de la gente, y es necesario poder combatir esta problemática con más transparencia, especialmente con la exigencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades, fortaleciendo a su vez capacidades para perseguir y sancionar conductas corruptas e ineficientes con mecanismos ágiles y efectivos para evitar que la problemática se desarrolle o se vuelva a repetir.
Solo a través de la toma de conciencia de la problemática y aplicando verdaderas medidas correctivas podremos aspirar a tener un país más próspero, equitativo y mejor llevado por sus gobernantes siendo más eficientes y capaces de satisfacer las verdaderas necesidades de nuestra población.
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