El Congreso va a seguir actuando al margen de la ley, porque ya no les importa nada. Han perdido hasta los escrúpulos para aparentar que están realizando su trabajo y no los despropósitos que vienen cometiendo, premunidos de los poderes de ser congresistas y de no tener a nadie que los controle o que mínimamente les haga control político.
Por eso, ahora van a utilizar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) como medio para saldar cuentas con los adversarios políticos cerrándoles el paso en una futura participación electoral con acusaciones falsas y aplicando la mayor sanción posible, porque simplemente en la SAC lo que manda no es la razón y menos el argumento jurídico, sino más bien la imposición de los votos, con los que evidentemente la SAC sí cuenta.
No les importa si en la composición de los miembros de la SAC hay un evidente conflicto de intereses con casos emblemáticos que vienen afrontando varios congresistas que la integran. Según un estudio de Ideele Radio se han identificado hasta a 7 de los 21 congresistas miembros de la comisión que inclusive tienen casos que los involucran directamente con sendas denuncias constitucionales, que justamente van a tener que ser evaluadas y sancionadas por el propio grupo. Es decir, estos congresistas van a ser juez y parte en estos casos.
Estos temas pasan desapercibidos para la opinión pública. El ciudadano de a pie no entiende nada de este procedimiento congresal y se confunde mucho con un supuesto proceso penal que justamente es el epílogo de una sanción política que se da por infringir la Constitución en la condición de alto funcionario del Estado, ya que se entiende que se está instrumentalizando el poder, para hacer ese tipo de jugadas, por parte de los congresistas que están siendo procesados.
Pero esta diligencia con la que se muestran los congresistas con los adversarios no se ve en lo que corresponde a las denuncias contra sus propios colegas que han venido de la Fiscalía este año, pues ahí sí son encarpetadas, a pesar de la abundante prueba recabada por el propio Ministerio Público, que en cumplimiento de su deber constitucional investiga preliminarmente los hechos luctuosos en los que están involucrados los congresistas y que, ante la contundencia de las pruebas, solo quedaría la “buena voluntad” del Parlamento para sancionar a sus colegas, situación surrealista que no se va a presentar.
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