El general Oscar Arriola es el nuevo comandante general de la Policía. Reemplaza a Víctor Zanabria, quien pasó al retiro sin acatar una medida judicial que lo había suspendido del cargo por un caso de corrupción que se investiga en Arequipa. Ayer, en este mismo espacio, reflexionábamos sobre la nula efectividad del Gobierno para defender a los transportistas acosados por las bandas de delincuentes que los extorsionan diariamente y que ya se han cobrado decenas de vidas, aparte de causar daños materiales a menudo también irreparables.
Si bien la respuesta del Estado es hasta ahora mayormente errática, blufera y adolece de consistencia, este cambio de timón en la PNP permite abrigar ciertas esperanzas. En su discurso inicial, el general Arriola —un destacado profesional con vasta trayectoria en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo— ha dado señales concretas de buscar darle un vuelco a la institución: optimizar la prevención del delito a través de lo que él ha descrito como una estrategia muy estructurada de acercamiento policial con la ciudadanía, y fortaleciendo la inteligencia y la investigación criminal. “Los policías tenemos un gran lineamiento basado en la vocación: atender al público a quien nos debemos.
Debemos tender la mano, comenzando, por ejemplo, por atender de inmediato el problema de la persona que acude a una comisaría. Ese ciudadano necesita el apoyo de su Policía. Los jefes de las regiones (policiales) deben vivir el partido de la inseguridad con las autoridades locales para tener mejores herramientas, mejor logística”, anunció al asumir el cargo. Se trata, entonces, de que dejen trabajar a este oficial, sin intromisiones políticas como las que acostumbra el entorno presidencial, integrado, más que por hombres de ley, por parientes ávidos de poder e individuos de dudosa honradez, algunos de ellos vinculados incluso a las economías ilegales.
Recordemos que, desde ese entorno palaciego, movidos únicamente por absurdas venganzas políticas, se desmantelaron importantes unidades policiales y se mandó al retiro —o al ostracismo burocrático— a oficiales con impecable trayectoria y altamente calificados para el combate contra el crimen organizado. Se trata, pues, de que dejen trabajar al general Arriola, otorgándole recursos y amplios poderes para diseñar una estrategia seria que de verdad contenga el avance del delito en el país antes de que sea demasiado tarde.