Es ya una guerra abierta la que se ha desatado entre el expremier Alberto Otárola y el actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Los dimes y diretes han ido de un lado a otro, y no todos son precisamente elucubraciones sobre la curvatura de la nariz presidencial.
De hecho, una frase lanzada por Otárola durante una sesión de la Comisión de Fiscalización quedó flotando en el debate político, encendiendo no pocas alarmas: “Se vienen elecciones donde van a estar en juego los destinos del país (y) el primer ministro no da ninguna garantía para unas elecciones limpias, transparentes y seguras: hago esta advertencia”.
Una alerta que ya había pronunciado en Perú21 el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien sugirió que se debía formar un nuevo gabinete para poder llegar a 2026 con tranquilidad. Es decir, un gabinete sólido cuyos miembros no estén metiendo la pata un día sí y otro también ni tampoco se la pasen aclarando los entripados de la mandataria.
La democracia peruana necesita llegar fortalecida y con la mayor credibilidad a los próximos comicios. Es en ese escenario, agregó Gutiérrez, que Dina Boluarte debía convertirse en “una presidenta nominal”.
Un razonamiento ciertamente atendible, en un año clave para el país, no es posible que sigamos teniendo un gabinete en el que la mayoría de sus integrantes piden el micro de los medios solo para defender a su jefa, cuando deberían ocupar el día en resolver los problemas más álgidos del país. La inseguridad ciudadana, por ejemplo, que está devorando la vida económica y social de los peruanos o el avance de la minería ilegal cuyas actividades ilícitas y poder económico se extienden ya hasta los cenáculos del poder político.
Y que este desfase con la realidad, con las prioridades de los peruanos, esté ocurriendo de manera tan reiterada y flagrante es responsabilidad, justamente, del jefe del gabinete.
Por otro lado, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, tiene también su partido político, aunque manejado desde la sombra, con el cual participará en las elecciones del próximo año. Y para nadie es un secreto que en Palacio su influencia es determinante respecto al nombramiento de ministros y autoridades del Estado. Es más, en una encuesta realizada el segundo semestre del año pasado, el primer hermano de la Nación figuraba como el personaje que mayor influencia ejercía sobre las decisiones de la presidenta de la República.
¿Podría quebrarse la imparcialidad, entonces? Digamos que es un riesgo atendible.