En un Perú azotado por el crimen organizado, la extorsión y un aumento del 20% en homicidios durante 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Policía Nacional del Perú (PNP) debería ser el baluarte de la ciudadanía. Sin embargo, un sistema de ascensos desbalanceado está convirtiendo a nuestros héroes de calle en burócratas de oficina. Hoy, en el Pleno del Congreso, se debate una reforma clave impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) para priorizar a los operativos —aquellos que investigan, capturan delincuentes y protegen vidas respetando los derechos humanos— sobre quienes acumulan títulos académicos sin pisar la calle. Esta no es una batalla partidaria: es una lucha por una policía efectiva y al servicio del pueblo. ¿Por qué apoyarla? Porque el statu quo nos está costando vidas.
Desde la promulgación de la Ley 31873, en septiembre de 2023, los ascensos en la PNP se han inclinado excesivamente hacia cursos y estudios de posgrado. Es innegable que la profesionalización es esencial —nadie cuestiona eso—, pero este enfoque ha desvirtuado la esencia policial. En los ascensos de 2024-2025 se priorizó al personal administrativo y académico, dejando de lado a los operativos de unidades como inteligencia, antinarcóticos o investigación criminal. El resultado: una deserción anual del 12% entre policías de base y una percepción de ineficacia que solo alcanza el 30% de confianza ciudadana, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de septiembre de 2025.
Rospigliosi lo ha denunciado con claridad desde hace años. En su artículo “Policías de escritorio” (2023) advertía que este modelo crea oficiales desconectados de la realidad: “Estudiar es clave, pero sin operación, la teoría no atrapa ladrones”. Hoy, con el proceso de ascensos 2025 en su fase final (iniciado en enero), el riesgo se materializa. En un país donde el crimen organizado controla barrios enteros —como en el Callao o San Juan de Lurigancho—, necesitamos policías que actúen, no que acumulen maestrías en escritorios.
Comparado con vecinos exitosos, el desbalance es evidente. En Colombia, el sistema de ascensos equilibra 60% operativo y 40% académico, lo que ha reducido la victimización en un 15-20% en la última década. Chile hace lo propio, priorizando métricas como casos resueltos. En Perú, sin cambio, la inseguridad empeorará: ya en 2025 las extorsiones subieron un 25%, según datos del Ministerio del Interior (Mininter).
La propuesta de Rospigliosi: equilibrio para una PNP efectiva
El proyecto de ley de Rospigliosi, debatido hoy en el Pleno tras su aprobación en la Comisión de Defensa Nacional, busca corregir esto sin eliminar los estudios. Propone un peso mayor en la experiencia operativa (tiempo en campo, evaluaciones de desempeño real) —alrededor del 50%—, complementado con un 30% académico y un 20% de evaluaciones integrales. Esto incentivaría a los operativos a permanecer en el frente, reduciendo la deserción y fortaleciendo la lucha contra el crimen.
El respaldo es transversal y contundente. El lunes 29 de septiembre, en la Comisión de Defensa, el actual comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola, avaló explícitamente la iniciativa: “Mejorará la lucha contra la delincuencia y es urgente para los ascensos de este año”. Sindicatos como la Federación de Asociaciones de Policía del Perú (Fapop) y encuestas de Ipsos (septiembre 2025) coinciden: el 65% de peruanos exige más énfasis en “policías de acción”. Legalmente, es viable: la Constitución (artículo 166) permite reformas para la eficiencia institucional, aplicables prospectivamente sin violar derechos adquiridos.
El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), exmilitar y candidato presidencial de Unidad Nacional, defiende el sistema actual. En su intervención del 29 de septiembre en la Comisión, y en un tuit de hoy a las 3:57 p.m., argumentó: “La Ley 31873 es anual; cambiar reglas en la fase final crea inestabilidad y desconfianza. No generemos falsas expectativas”. Chiabra, con visión castrense, enfatiza el cumplimiento formal de requisitos, como en su video del 8 de septiembre: “Hay vicios, pero hay que corregirlos sin alterar el proceso”.
Su postura, aunque bien intencionada, ignora el costo humano. Priorizar la “estabilidad” perpetúa un modelo que ha fallado: en 2024 solo el 40% de homicidios se resolvió, según el Mininter. Cambiar ahora no es disruptivo si se aplica de manera gradual; es responsable ante una ciudadanía aterrorizada. Como señala Rospigliosi, esto no es contra los estudiosos, sino por una profesionalización integral: teoría para la estrategia, operación para los resultados.
En un año preelectoral (2026), es una prueba de liderazgo: ¿priorizamos papeleo o vidas? ¡Actuemos ya!