Hacer que un país escuche a la ciencia no es fácil. No solo es resultado de la negligencia histórica de muchos gobiernos, sino también de gruesos vacíos en nuestra educación, la falta de cultura científica en la población y, no menos importante, la falta de participación de la comunidad científica en los asuntos del Estado. Ni las Universidades Públicas ni los Institutos Públicos de Investigación, ni el mismo Concytec —supeditado a las voluntades de la PCM— tienen el financiamiento ni el peso político para generar un cambio significativo en esta situación. En el Congreso de la República, las bancadas tampoco priorizan la ciencia en sus agendas. Sin embargo, hay algunas propuestas en curso que esperamos puedan ayudar a generar un momento en favor de los investigadores, como sanciones ejemplares al fraude científico, un mejor uso del canon minero para la ciencia, y la simplificación de procesos de importación de reactivos, insumos y equipos. Desde este año, el Parlamento también cuenta con una Oficina de Asesoramiento Científico. Está en manos de la Mesa Directiva y del Pleno evitar que estas iniciativas caigan en saco roto.