Sentencia previa

Durante estas últimas semanas se sucedieron informes y revelaciones de los tejemanejes en esta tortuosa saga de coimas y adjudicaciones dolosas, al amparo de altos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo. Entre los cargos desprendidos de la pesquisa que le sigue la pista a casi una veintena de involucrados, ligados principalmente al sector vivienda y construcción (Mivivienda, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Sunarp y afines), figuran los de organización criminal, colusión, negociación incompatible y lavado de activos.

El fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de lucha contra la corrupción en el poder, ya había expuesto sus argumentos contra Goray, Fernandini, y dos exdirectores del Fondo Mivivienda: Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia. Su pedido de prisión preventiva alcanzaba, asimismo, a Luis Mesones Odar, exgerente general de Markagroup y exesposo de Goray, pero por encontrarse prófugo de la justicia, el juez no evaluó su caso.

Eso, en cuanto a la marquesina de nombres más notorios, que, desde luego, se vinculan directamente con otros comprometidos hasta el tuétano por la investigación sobre la organización criminal que habría encabezado el expresidente Castillo. De hecho, la evidencia acopiada por los fiscales apunta, asimismo, a que Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, habría estado no solo al tanto de las coimas, sino que también habría usado el dinero que Sada Goray le entregaba a Salatiel Marrufo, su asesor, en beneficio de dicha organización.

Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en contra de Goray, Fernandini y los otros, fueron contundentes y no dejan lugar a demasiadas dudas. Y más que triste, vergonzoso el papel de un profesional como Mauricio Fernandini, que puso a disposición sus espacios periodísticos para facilitar estos negociados a cambio de estipendios tan abultados como ilícitos.

Por montar un esquema criminal de corrupción en el Ministerio de Vivienda con el cuento de la ayuda social, por mentir sobre la magnitud de lo que hicieron y por representar sus conductas un serio peligro procesal, la resolución del juez se justifica plenamente.