Tal y como se preveía, la declaratoria de emergencia en 14 distritos el último fin de semana en respuesta a la expansiva ola de extorsiones y asesinatos en Lima y algunas regiones, ha tenido resultados prácticamente nulos.
En los últimos días, los actos criminales no han cesado ni en los mismos distritos declarados en emergencia. Los delincuentes se han dado el lujo de seguir amenazando y cobrando sus malhadados cupos como si nada hubiera ocurrido. Empresas de transporte, choferes y pasajeros continúan exponiendo sus vidas ni bien ponen el pie en el estribo de los vehículos que los trasladarán por la ciudad.
Y ni qué decir de sectores como construcción y comercio, en los que la violencia criminal se hizo presente incluso cobrando, por lo pronto, la vida de un obrero. A las mafias de la extorsión no les ha hecho ni cosquillas la pomposa declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno y su incompetente ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Las balaceras han seguido su curso en las vías públicas y los sicarios continúan rondando pequeños negocios y mercados populares como si de su chacra se tratara.
Por otro lado, ha sido tan alocada la medida, que hasta dentro del propio Ejecutivo hay discrepancias. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha sido tajante: “Declarar estado de emergencia no es la solución del problema”.
Como mucho, el titular del Mininter, así como la presidenta de la República, no han hecho más que apurar verbalmente al Congreso para que priorice el debate del proyecto de ley de terrorismo urbano. El hecho de tipificar de ese modo el sicariato, el secuestro, la extorsión y la posesión ilegal de armas de fuego puede que sea un avance contra las actividades delictivas, pero una ley aislada y apostar militares en las esquinas de ciertos distritos especialmente afectados, difícilmente acabarán con el problema.
Los expertos en el tema coinciden en que es imprescindible un plan cuidadosamente elaborado que movilice a las fuerzas de seguridad y al sistema de justicia teniendo como eje a la inteligencia policial.
De ahí el insistente pedido de diversas instituciones de la sociedad civil –gremios de trabajadores y empresarios, entre otros– para que la presidenta Boluarte convoque al Consejo de Estado y al Consejo de Seguridad Ciudadana para que las principales autoridades locales y nacionales se reúnan y tomen decisiones urgentes.
El país no aguanta más.
