El tema de hoy: Absurda decisión judicial

Dentro de su función de administrar justicia, los magistrados del Poder Judicial tienen el deber de resolver procesos. Esto significa encaminarlos, enrumbarlos hacia un final que, inevitablemente, terminará dando la razón a una de las partes involucradas en un caso. Sin embargo, eso parece no haber entendido esta vez el juez Manuel Chuyo, del Sistema Anticorrupción, que ha dejado en el limbo documentación crucial para esclarecer si hubo pago de favores cuando el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó al ex gobernante Alberto Fujimori.

Chuyo se declaró “incompetente” para atender la solicitud de la Fiscalía, que pedía usar los documentos incautados para iniciar una investigación, argumentando que Kuczynski, como ex presidente, goza aún de inmunidad que debe ser levantada por el Parlamento. “Es el Congreso el órgano constitucional encargado de dejar sin efecto el privilegio del alto funcionario para ponerlo a disposición penal ordinaria mediante una resolución acusatoria”, sustentó. Pero bajo el mismo argumento –el de la competencia– el juez sostuvo que tampoco puede atender la solicitud de PPK y entregarle el material decomisado. Y no hablamos de información cualquiera.

El fiscal Hamilton Castro contó que se hallaron copias impresas de correos que llevan por asuntos “Discurso de indulto”, “¿Cómo pasaría PPK a la historia indultando a Fujimori?”, “¿Por qué no prisión domiciliaria para ancianos enfermos?” y “Comentarios sobre el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José”. Son, sin duda, documentos que alientan a conceder la gracia presidencial y alimentan la sospecha de que, en efecto, fue negociada.

Hay que decir, además, que Castro no es el único fiscal que tiene en la mira a Kuczynski. También está en el radar de los fiscales José Pérez (por aportes de Odebrecht) y Zoila Sueno (concesión de Lote 56 de Camisea). ¿Se imagina si ellos también recibieran negativas como estas para sus indagaciones? Sería claramente un obstáculo para llegar a la verdad.

A pedido de la Procuraduría Anticorrupción, la Fiscalía puede abrir una investigación por el indulto, pero no podría usar la información que ha sido congelada. Es claro que PPK debe responder por sus acciones como ex funcionario y es necesario que los jueces tengan determinación para colaborar con las investigaciones. De lo contrario, se da paso a la impunidad.